Desde hace más de una década, diversas investigaciones visibilizan los distintos obstáculos económicos, geográficos, culturales y simbólicos que las mujeres víctimas de violencias deben sortear para acceder a la justicia. Así, hemos sostenido reiteradamente que para avanzar en la comprensión de las manifestaciones de este tipo de violencias y en el diseño de políticas reparadoras, resultaba necesario desarrollar estudios de tipo cualitativo que permitan resolver algunos de estos problemas.

Algunas experiencias recientes nos muestran la importancia de contar con información para el diseño de políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. En noviembre de 2019, la Ciudad de Buenos Aires presentó los resultados de su encuesta de percepción e incidencia de la violencia contra las mujeres. Sus resultados muestran, entre otros, que 9 de cada 10 mujeres encuestadas “conocen las campañas públicas contra la violencia y alrededor de 8 de cada 10 están al tanto de la existencia de líneas telefónicas de ayuda, organismos del poder judicial especializados y de los botones antipánico”. Sin embargo, menos de 3 de cada 10 mujeres que reconocen haber sufrido un hecho de violencia busca un espacio de ayuda. Con esta información, deberíamos preguntarnos cuáles serán los factores determinantes para pensar políticas públicas que garanticen su acceso a la justicia.

Existen distintas fuentes de información que resultan relevantes a los efectos de pensar una política de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia. Por un lado, la información sobre las denuncias, las causas, los tiempos de su tramitación y el resultado de los procesos. Por otro lado, el texto de las sentencias judiciales a través de las cuales se resuelven los casos que llegan a los tribunales de justicia, dictaminando la interpretación judicial del derecho vigente.

Sin embargo, aun cuando existe información pública que proviene de registros administrativos, como los de la Línea 144 o los de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, todavía no se ha llevado adelante una encuesta a nivel nacional para medir la incidencia y prevalencia de las violencias hacia las mujeres. Asimismo, no existen estadísticas judiciales sistematizadas que permitan identificar la cantidad de denuncias, su vinculación con otros procesos y el nivel de condenas y/o terminación de los procesos o su abandono por parte de la denunciante.

Si entendemos a la denuncia como la culminación de un proceso que vivencian las mujeres a través del cual se reconocen como víctimas de violencia, pueden expresarlo en esos términos y, además, consideran que es la justicia quien dará una respuesta reparadora y justa, entonces podemos decir que las políticas públicas deberían actuar en distintos niveles. Por un lado, en el acompañamiento a las mujeres hasta la finalización de ese proceso de reconocimiento, fortalecimiento y superación que respete los tiempos de cada mujer. Por otro, en el deber de debida diligencia que tiene la justicia para investigar y sancionar los hechos de violencia contra las mujeres una vez que la denuncia ha sido presentada y, a su vez, en la sostenibilidad del proceso por parte de las mujeres tanto a nivel emocional como material.   

Frente a la complejidad que supone la violencia contra las mujeres en sus diversas manifestaciones, no es posible pensar en una única estrategia de intervención del Estado para superar los desafíos sociales, familiares, psicológicos y materiales que pueden generarse. En el desarrollo de los procesos judiciales, se requiere garantizar el acceso a la justicia no sólo brindando, por ejemplo, patrocinio jurídico gratuito sino también políticas sociales activas que sostengan a las mujeres durante el proceso judicial y les permita superar la situación de violencia. Así, será un desafío que más de 3 de cada 10 mujeres busquen un espacio de acompañamiento y lo encuentren en distintas políticas estatales.


*Responsable del Área Jurídica de ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Twitter: @EquipoELA