En el conflicto por la paritaria docente el gobierno busca evitar, a cualquier costo, que este acuerdo siente un piso de referencia que venga a condicionar las futuras negociaciones colectivas.

Desde comienzos de año se ha apuntado a desarticular el accionar gremial mediante la atomización del reclamo, al negarse de manera ilegal una paritaria nacional, buscando así dividir a los trabajadores y disminuirlos en su accionar.

El gobierno ha insistido en su postura de acordar una suma que se equipare a la perspectiva inflacionaria, la cual estiman, en un 18%.

Lo que busca el PRO, al igual que intentarán hacer en otras discusiones, es consolidar el ajuste ya producido. Por la fuerte devaluación llevada a cabo durante el primer año de gestión se ve que, la mayor parte de los asalariados encuentran hoy disminuido su poder de compra. 

Para entender el porqué del rechazo de los gremios hay que retrotraerse al año anterior donde se vivió una importante pérdida en el poder adquisitivo del salario docente.

Mediante información oficial del Ministerio de Educación; y utilizando como indicador para la inflación el IPC Bein; se ha calculado desde CEPA que, en el período 2016, el salario docente se ha visto disminuido en su poder adquisitivo en casi un 10% (promedio nacional), o un 9% para los docentes de la Provincia de Buenos Aires.

Con el 2016 ya cerrado a la baja, los gremios deben sentarse a negociar con un gobierno que ya les ha recortado una décima parte del salario. Mismo gobierno que hoy pretende consolidar ese ajuste en lugar de recomponer el salario perdido. 

Desde la Provincia de Buenos Aires, se han realizado dos propuestas. La primera de ellas, en el mes de febrero, pretendía simplemente ajustar los salarios según la inflación del INDEC cada tres meses. Eliminándose así la expectativa de recomposición. 

En una segunda instancia, el gobierno provincial ofreció un aumento del 19%, en dos tramos de 5% y, un aumento final del 9% en  septiembre. Adicionalmente un pago a cuentas de entre $1.500 y $ 3.750, el cual únicamente funciona como adelanto, y finalmente, una suma no remunerativa de $ 500. Incluyendo la llamada "cláusula gatillo". 

Desde CEPA se ha analizado la incidencia que este ofrecimiento tendría, en diferentes escenarios inflacionarios.

De cumplirse la expectativa inflacionaria del gobierno (18%) los docentes de la provincia finalizarían el 2017 recuperando, en el mejor de los escenarios, menos de un 2%  del poder adquisitivo. En el caso de que la inflación resultara del 20,85%, como indica el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, ya se activaría la "cláusula gatillo", por lo cual el aumento acompañaría la inflación y los docentes no habrían recuperado ningún punto porcentual de la pérdida sufrida en el 2016.

En el marco de este conflicto la gobernadora Vidal puso sobre la mesa la opción de pagar un "incentivo" de $ 1.000 a los maestros que no adhirieron a los paros.

Este accionar de la gestión PRO configura una violación manifiesta a la libertad sindical, en clara contradicción con la normativa legal. El modelo sindical argentino se articula por el bloque constitucional (artículo 14 bis de la CN y ciertos tratados internacionales), seguido por la ley 23.551 y su decreto reglamentario 467/88.

Dentro del bloque constitucional se encuentran, al menos de manera indirecta, los tratados de la OIT como máxima autoridad en la materia siendo los relevantes en cuestiones sindicales el 87 sobre libertad sindical, el 98 sobre derecho de sindicación y negociación colectiva, el 135 sobre los representantes de los trabajadores, seguidos por el 141 y 151.

El bloque constitucional en su conjunto, sienta las bases de un modelo sindical que se sustenta en la autonomía de los trabajadores. Esta autonomía solo encuentra su protección si se evita la injerencia tanto de las asociaciones de empleadores, como del estado.

El ofrecimiento de la gobernadora configura un vil intento de fragmentación en la estructura sindical, lo cual es contrario al ordenamiento laboral y, se vuelve alarmante cuando este comportamiento proviene del Estado.

Marcar una discriminación en materia de remuneración entre aquellos trabajadores que participan de la huelga, y los que no, reviste una gravedad institucional tal que, es probable que la Argentina deba responder ante la Comisión de Expertos de la OIT y el Comité Internacional de Libertad Sindical por este claro avasallamiento a la libertad sindical de los trabajadores.