El país sigue endeudándose con el resto del mundo. La emisión de un bono por 2700 millones de dólares con vencimiento a 100 años y tasa de interés de 7,9 por ciento ha intensificado el debate sobre las razones y las consecuencias futuras del camino que se está siguiendo.

El por qué del creciente endeudamiento es claro los gastos del sector público superan a los ingresos, y esa diferencia, el llamado déficit fiscal primario, se está cubriendo con deuda. Es fácil caer en la tentación de razonar que como los gastos son mayores que los ingresos, hay que bajar el gasto público para resolver el problema. Pero ese razonamiento es falaz. Una contracción del gasto del gobierno reduciría el nivel de actividad, agravando los problemas de buena parte de la sociedad. Y el menor nivel de actividad generaría menor recaudación, haciendo estéril al esfuerzo por cerrar el déficit del fisco.

De modo que la tarea de parar el endeudamiento no es sencilla. La clave es recuperar el crecimiento de forma sostenida, no solo de a ratos. Si se crece entonces se recaudará más, por lo que el déficit será menor, y a la vez se tendrán los recursos para devolver lo que se viene pidiendo prestado.

Las autoridades, con el BCRA en el centro de la escena, han apostado a un esquema macro bien definido pero de dudosa efectividad las metas de inflación. Se pone el foco en la estabilización de los precios bajo la premisa de que lograr ese objetivo es lo que estabilizará a la economía. Pero no está funcionando. La meta de entre 14 y 17 por ciento de inflación que se había planteado para el 2017 será inalcanzable, y será sano que el gobierno no se obsesione con ello. La política monetaria excesivamente dura con la idea de hacer lo que sea para bajar la inflación le hace mal a la actividad y al empleo. Y así es que no se puede resolver el problema fiscal, dándole continuidad a la dinámica perversa del endeudamiento.

En este contexto tan incierto, hay algo que es cierto no tiene sentido cometer actos barbáricos como emitir un bono a 100 años a tasa de interés anual de 7,9%. Esa tasa asume que el país tendrá durante todo el siglo próximo una probabilidad alta de hacer default en cada año. Es un mal negocio para el país por donde se lo mire. Si ese bono se termina pagando en su totalidad, se habrá pagado una fortuna. Y si se termina haciendo default, se habrá metido al país en un problema muy difícil de resolver, exponiéndolo a disputas bajo marcos jurídicos hechos a medida de los intereses de los acreedores, como lo es la ley de Nueva York bajo la que se sigue emitiendo deuda y que tantos problemas le trajo al país en su disputa con los fondos buitres.

Y además, es una acción contradictoria con los postulados del gobierno, que argumenta que su modelo llevará a la estabilidad. Lo que el gobierno le está diciendo al mundo con esa decisión es que el país debería en promedio hacer entre 4 y 6 defaults de su deuda en el próximo siglo. Le dice que la economía argentina vivirá un siglo entero de inestabilidad. Es una señal que es mejor no dar. Sobre todo porque aún se está a tiempo de evitar que esta dinámica de endeudamiento se vuelva insostenible. Ello requerirá reorientar las políticas macroeconómicas para darle competitividad a los sectores cuyo crecimiento es sano para el desarrollo del país. Es un objetivo que requiere un cambio de rumbo, pero que es posible.