El 2020 ha sido un año signado por la necesidad de promover políticas que atendieron las prioridades inmediatas de la ciudadanía. La pandemia que desde marzo azota nuestro país relegó las proyecciones a largo plazo en favor de un cortoplacismo necesario para apaciguar la inevitable y previsible coyuntura económica, promover la producción sujeta a los protocolos de bioseguridad, y preparar un sistema sanitario capaz de resistir un posible embate de contagios.

Prioridades que, durante los últimos ocho meses, relegaron otra prioridad expresa del presidente de la Nación: su promesa de campaña, ratificada luego el 1 de marzo durante la apertura de las sesiones ordinarias del Legislativo, de enviar al Congreso un proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Finalmente, el pasado 17 de noviembre, Alberto Fernández cumplió dicha promesa al presentar los proyectos de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y el Programa de los 1000 días: el sello de un gobierno comprometido con los derechos de las personas gestantes.

Y el jueves 10 de diciembre, bien temprano en la mañana, luego de 20 horas de sesión, la IVE logró media sanción en el Congreso tras 131 votos positivos, 117 negativos y 6 abstenciones. Veinte horas de sesión y discursos de todos colores: algunos emocionantes y esperanzadores, otros fuera de lugar y lejos del núcleo del asunto. Entre aquellos que votaron en contra, no faltó quienes parecían no comprender que los abortos, más allá de las posturas biologicistas, más allá de la fidelidad al credo religioso al que suscriban, suceden de todas maneras en la clandestinidad, llevándose la vida de decenas de miles de mujeres todos los años.

Deberíamos comprender, por fin, que la penalización del aborto no impide su práctica, pone en peligro las vidas de las mujeres y afecta a la salud pública. La IVE, además de poner en el centro de la agenda la oportunidad de decidir, consagra la idea de una maternidad deseada y voluntaria.

Miles de mujeres y ciudadanxs se han movilizado durante años por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y un Sistema de Salud Integral, incluida la efectiva implementación de la ESI en nuestro país. Hoy estamos un paso más cerca de concretarlo. Para ello, como señaló nuestro Presidente, es imprescindible cuidar el respeto hacia quien piensa distinto y construir, desde el diálogo democrático, la ampliación de derechos que fortalezca la Nación    

Todo indica que el proyecto de Ley será tratado a finales de diciembre en el Senado de la Nación. Ello implicaría que este mes, tras un año repleto de matices oscuros, se pinte completamente de verde.

Que sea Ley es una urgencia. Que sea Ley es una necesidad. Que sea ley es un derecho.

*Zarateña, socialista y militante de Nuevo Zárate.
 Diputada Provincial por la Segunda Sección Electoral del Frente De Todos. Twitter: @Patmoyano