El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, debería estar envuelto por estas horas en un escándalo político de magnitud: su ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, y el fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques, designado por él, figuran en los chats filtrados del “Lago Escondido gate”, repartiendo amenazas y buscando coartadas para encubrir supuestos delitos que habrían cometido y por los que ya fueron denunciados en fueros penales y ante el Consejo de la Magistratura, como incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas.

Sin embargo, a Larreta le bastó con un tweet para despejar el asunto caliente. “Hablé con Marcelo D'Alessandro y confío en sus palabras”, escribió en la red social propiedad de Elon Musk 24 horas antes de publicar otro posteo celebrando el fallo condenatorio a 6 años de prisión e inhabilitante de por vida para ejercer cargos públicos del TOC 2 sobre Cristina Kirchner. Este sábado, incluso, subió un video donde se lo ve festejando el triunfo de la Selección sobre Países Bajos “rodeado de argentinos en un bar en Washington”, donde lleva varios días, nuevamente de gira pre-presidencial.

La cobertura de los medios afines a la oposición encajó el escándalo de la filtración como un capítulo más en el historial de operaciones político-judiciales basadas en servicios de inteligencia, a las cuales les agregó el adjetivo “kirchnerista”, que suena como código denigrante automático para su audiencia. Pero lo curioso es que el contenido de los mensajes de Whatsapp fue escasamente mencionado, y el objetivo no era otro que ese: hacer como si nada hubiese sucedido.

D'Alessandro, por ejemplo, llegó a decirle en uno de los chats a Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, “dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar”, en referencia al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski, a quien en se acusaba en la conversación de haber filtrado el viaje al Lago de Lewis a los medios. “Tengo la mejor alcaidía para que le den una linda bienvenida”, agregó, por si fuera poco. 

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Tweet de Horacio Rodríguez Larreta

“Si en algún momento me tocara ser ministro de Nación, lo primero que hago es disolver la PSA”, siguió D’Alessandro. Esa frase da en el punto de flotación del escándalo: el jefe de la Policía de la Ciudad, que tiene a su cargo la seguridad de 3 millones de personas y sueña con ampliar su influencia al cuidado de todos los argentinos, amenazó al jefe de otra fuerza nacional con hacerlo “cagar” y “darle una linda bienvenida” en un calabozo porteño. Debería ser un escándalo institucional de los más importantes de la historia reciente, renuncia incluída, pero pasó de largo, como si nada.  

Una de las razones que explican el manto de piedad mediático sobre el gobierno porteño es el obsceno gasto en publicidad de la gestión, que funciona como un soborno indirecto que compra voluntades en prácticamente todos los medios de comunicación, que temen perder un torrente de dinero superior a cualquier pauta privada. El año que viene, electoral, el Ejecutivo porteño tiene previsto gastar más de 9.416 millones de pesos en pauta, un 171% más que este año, más del doble de la inflación proyectada. Equivale a 25 millones por día, poco más de un millón de pesos por hora. Y pueden ser más.

Párrafo aparte merecen los mensajes de Mahíques, el jefe de los fiscales porteños. “Limpiemos un mapuche” dijo, en tono de sorna, mientras se refería a las posibles formas de cajonear la causa en la que ya se investigaba a los integrantes del grupo por el viaje a la mansión del magnate inglés. Mahíques dice en ese tramo que mantuvo conversaciones con la fiscal de Bariloche María Cándida Etchepare para que “mande la causa a Comodoro Py” para sí plancharla.

Esos mensajes no sólo demuestran el síncope de intereses entre la mafia judicial y el larretismo, sino que además desnuda cómo los funcionarios judiciales y políticos vinculados a los tribunales manipulan la ley en favor de los mismos intereses que, a fin de cuentas, representan. Etchepare, sin ir más lejos, es la fiscal que desató el último de los escándalos por las tomas de tierras en Río Negro: ordenó el traslado de una mujer embarazada hacia la capital y fue denunciada por violar los derechos humanos.

Los mapuches son perseguidos, pero Lewis, quien además fue socio de Marcelo Midnlin en la compra de IECSA, la constructora insignia del Grupo Macri, sigue usufructuando el Lago Escondido, donde además recibe a los amigos de la justicia que se lo permiten.

Juan Bautista Mahíques fue, además, ministro de Justicia de María Eugenia Vidal y es hijo del juez federal Juan Carlos Mahíques, el mismo que sobreseyó a Mauricio Macri en la causa por el espionaje a los familiares del Ara San Juan.

El vínculo entre los protagonistas es tan claro, y tiene tantas aristas, que debería haber hecho implosionar el sistema. Pero no: el jefe, que busca la presidencia el año que viene, estuvo mientras tanto codeándose con el partido demócrata, en busca de los apoyos externos necesarios a su candidatura.

En ese contexto, el bloque del Frente de Todos buscará recusar al ministro de Seguridad, Marcelo D´Alessandro, y al fiscal general, Juan Bautista Mahiques. El larretismo, mientras tanto, se mata de risa.