Entre gallos y medianoche, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, trasladó a Alfredo Astiz y a otros 18 represores, que cumplían su sentencia por crímenes de lesa humanidad en el penal de Ezeiza, a una cárcel VIP en Campo de Mayo.

Se trata de la Unidad 34, donde hay canchas de tenis, clases de teatro, talleres de stretching, pistas de caminata, celdas individuales con televisor y hasta una heladera cada dos internos. Condiciones que no existen en ninguna otra cárcel. 

La misma había sido clausurada en 2013 después de la fuga de dos represores que fueron a atenderse al Hospital Militar. Sin embargo, durante el gobierno de Mauricio Macri, se rehabilitó la unidad penitenciaria como lugar de detención para criminales de la última dictadura.

La cárcel de Campo de Mayo tiene una capacidad para 115 personas y hasta el pasado viernes, solo había 52 internos. Todos ellos, represores de la última dictadura. Antes del último fin de semana el Ministerio de Seguridad envió a otros 19 genocidas, entre ellos Alfredo Astiz. 

Astiz y compañía estaban alojados previamente en el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza, donde el año pasado fueron visitados por una comitiva de diputados de La Libertad Avanza (LLA) que prometía mejorar sus condiciones de detención o incluso su situación procesal. 

Ahora, el SPF trasladó a los represores a una unidad VIP, bajo el argumento de que había sobrepoblación en la cárcel federal de Ezeiza y que se necesitaban las plazas que ocupaban los condenados por crímenes de lesa humanidad.

Además de Astiz, el traslado incluye a otros militares que durante la última dictadura actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA): Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro. 

Además, el trasladó incluyó a cuatro represores que actuaron en el circuito compuesto por los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo (ABO): Juan Carlos Avena, Luis Donocik, Gerardo Arráez y Miguel Ángel Britos.

A la Unidad 34 de Campo de Mayo también fue Manuel Cordero Piacentini, un militar uruguayo condenado por los crímenes del Plan Cóndor, y Marcelo Cinto Courtaux, un oficial de inteligencia del Ejército condenado por los secuestros y desapariciones de los militantes montoneros que fueron parte de la Contraofensiva.

El hijo de Courtaux se desempeña actualmente como el director general de Relaciones Parlamentarias del Senado y es uno de los funcionarios más cercanos a Victoria Villarruel. 

En este contexto, los organismos de derechos humanos denunciaron que el traslado de los represores a una cárcel VIP es una maniobra de Casa Rosada para privilegiar a los criminales de la última dictadura. “Rechazamos categóricamente la posibilidad de que los genocidas tengan privilegios. Nunca buscamos venganza, sí justicia”, exclamaron desde H.I.J.O.S Capital. 

“La situación de las cárceles de nuestro país debe resolverse de forma urgente para garantizar los derechos de todas las personas privadas de la libertad. El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no constituye una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a casi la totalidad de las personas detenidas”, concluyeron.