Todavía quedan al menos tres dirigentes encarcelados por escrachar al diputado José Luis Espert y dejar excremento en su puerta. Mientras avanza la polémica investigación en la Justicia, este viernes la jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó liberar a Candelaria Montes y ordenó la prisión domiciliaria para Alesia Abaigar. Llamativamente, la funcionaria bonaerense deberá utilizar tobillera electrónica aunque más del 80% de los genocidas presos por delitos de lesa humanidad no cuentan con esa obligación.

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Pese a que el delito que se les imputa no implicaría más que una contravención municipal, la Justicia fue impiadosa y, días atrás, trasladó a por lo menos cinco dirigentes a un penal de máxima seguridad en el que permanecieron aislados e incomunicados. Finalmente, en medio del escándalo, las autoridades dictaminaron la excarcelación de Montes y la prisión domiciliaria de Abaigar, quien padece una enfermedad autoinmune, mientras que los restantes tres detenidos continúan tras la rejas.

Esta tarde, el tribunal comunicó que le concedió a Abaigar “la solicitud de prisión domiciliaria bajo vigilancia electrónica”, modalidad que, como se mencionó, deberá cumplir con “el contralor de un dispositivo de vigilancia electrónica”. Por lo demás, los dirigentes Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Eva Mieri continuarán encarcelados en el marco de la causa, a la par que los miembros del Consejo de la Magistratura Mariano Recalde y Vanesa Siley denunciaron formalmente a Arroyo Salgado por “mal desempeño en sus funciones” en vistas de la polémica situación judicial de los detenidos.

De hecho, es posible sostener que Abaigar está siendo tratada peor que un genocida: a más del 80% de los convictos por delito de lesa humanidad no se les exige la tobillera, que, por otro lado, es un elemento costoso y el Estado Nacional lo repone solo conforme le es posible presupuestariamente. En ese sentido, cabe recordar que, de modo semejante a como ocurre ahora, días atrás surgó una fuerte controversia por la domiciliaria otorgada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), para quien, se argumentó, tampoco era necesario el dispositivo.