El mundo mira a Venezuela. Latinoamérica observa a Venezuela. Argentina se compara con Venezuela. ¿Qué pasa en la República Bolivariana de Venezuela? Autoritarismo y violación sistemática de los Derechos Humanos. Pero entonces, ¿por qué es realmente un problema para el gobierno argentino establecer una posición diplomática coherente?

Repasemos los hechos. Frente a las evidentes muestras de violencia y restricción de ciertas libertades, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela dictaminó que el Estado venezolano “debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza”.

Se trata de una investigación de 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión. Luego agregó: “Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”.

La postura frente al caso inmiscuye al gobierno argentino una interna más. Por un lado, el sector extremadamente afín – y mayoritario – a la vicepresidenta que tiene una posición favorable al chavismo en general y a Maduro en particular. Del otro, los “moderados”, los que efectivamente admiten las violaciones de Derechos Humanos y además ven realmente un problema en la defensa.

A estos elementos se le suma como eco la acusación de un sector de la oposición con slogans como “Argenzuela” o “República o Dictadura Venezolana”.

En los hechos, la semana pasada, el gobierno apoyó el informe de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Eso desató el enojo y posterior renuncia de Alicia Castro, muy cercana a Cristina Kirchner, a la embajada de Rusia, en la que todavía no había podido asumir.

Pero no todas fueron pálidas debido a que Alberto recibió el apoyo del Grupo de Puebla, que cuenta entre sus miembros a los ex presidentes Lula da Silva, Evo Morales y Rafael Correa. En un  comunicado se agradecía "el compromiso del Presidente con los principios progresistas del rechazo a las intervenciones militares extranjeras, la no intromisión de los asuntos internos de los Estados, la solución pacífica de controversias y la plena vigencia de los derechos humanos".

Evidentemente, este es uno de los temas más donde la coalición oficialista tiene que hacer necesariamente equilibrio. En una composición heterogénea, con una mayoría que respalda a Cristina – mayoritaria pero no suficiente –, tiene que convivir con la minoría ex Frente Renovadora, que no hace mucho tiempo atrás condenaba al régimen de Maduro.

Lo complejo en este caso es que la mirada internacional tiene un plus. Ser parte del Grupo de Puebla pero a la vez condenar a un Estado que dicho Grupo protege evidencia una contradicción fuerte y difícil de sostener, y más aún cuando no es un tema secundario o efímero en la agenda internacional.

Veremos si en las próximas semanas le alcanza al gobierno con este remedio o si se encontrará en la difícil decisión de tomar una postura absoluta.

*Licenciado en Ciencia Política. Docente en UBA y Di Tella. Twitter: @NCereijo