La “casta” está en orden (II): el Gobierno que aprendió rápido los vicios del sistema
Las estridentes proclamas revulsivas de Javier Milei y los referentes de La Libertad Avanza durante la campaña presidencial quedaron rápidamente a un lado. El Gobierno metió mano al pragmatismo para sostener los apoyos para los pilares de su gestión y también habilitó los “quiosquitos” para propios y ajenos. El estrecho vínculo con el sindicalismo amigo.
Tras una primera entrega en la que se repasó cómo el Gobierno se acomodó en el esquema político de la “casta” en su primer año de mandato, Diagonales indaga en otros aspectos que marcan la adaptabilidad del oficialismo a un sistema al cual denunciaban en la campaña presidencial y decían que combatirían. Los argumentos fundacionales del nuevo gobierno “libertario” se contraponen con su propia práctica política.
“ES UN GOBIERNO QUE NO ESTÁ CONTAMINADO CON LA CORRUPCIÓN Y ES AUSTERO”
En cuanto al funcionamiento dentro del propio organigrama del Gobierno, algunos referentes de La Libertad Avanza (LLA) se ganaron la crítica de la opinión pública por sus “acomodos” espurios y los “intereses cruzados” entre la administración pública y los cargos en empresas privadas.
Los números de este doble estándar hablan por sí mismos: de un total de 185 políticos en la administración centralizada, entre ministerios y secretarías de la Presidencia, hay 55 funcionarios con 182 participaciones en 171 sociedades comerciales, según remarca el Observatorio de las Elites, de Citra-CONICET-UMET.
En detalle, la mayoría de los casos tienen que ver con dependencias del ministerio de Economía, que comanda Luis “Toto” Caputo, y la jefatura de Gabinete. Son dos áreas clave para la repartición de recursos y la definición presupuestaria del organigrama estatal, pero, fundamentalmente, que determinan las medidas económicas que impactan en las empresas privadas que se cruzan con la actividad publica de los funcionarios con “doble rol”.
Una de las principales caras del Gobierno afectado por estar en ambos lados del mostrador es el titular del Banco Central, Santiago Bausili. Sobre él pesan las acusaciones por su participación en la función pública durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando era Secretario de Finanzas de la Nación.
En el 2018, estuvo involucrado en varios actos administrativos de manejo de la deuda soberana que le representaron beneficios millonarios para la firma Deutsche Bank. Bausili había integrado la plantilla de este ente financiero entre 2007 y 2015. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la semana pasada por unanimidad el pedido de nulidad interpuesta por la defensa del economista.
Otro de los apuntados es Juan Pazo, el nuevo titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (exAFIP), que reemplaza a Florencia Mizrahi, eyectada del cargo por “modificar el régimen de streamers e influencers”, según indicó el vocero presidencial Manuel Adorni. La exfuncionaria había impulsado la resolución 5607/24, que incluye servicios digitales al Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) para que comenzaran a pagar impuestos.
El abogado experto en Finanzas y productor agropecuario dejó su lugar como titular de la secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, y era la mano derecha del ministro de Economía. Las sospechas tienen que ver con las declaraciones juradas tanto de Pazo como de su esposa ante la Oficina Anticorrupción.
En ella, según revelan en eldiarioar, no figuran ni las acciones que ambos tienen en la sociedad Harbour House 1533 Corp. ni un departamento adquirido por la firma en Miami.
Por otra parte, Pazo fundó en 2020 la empresa Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro. Las conexiones del equipo económico de Milei con Ivernea generan suspicacias.
Bausili fue el asesor financiero de la sociedad y uno de los hijos de Caputo, encargado de Administración y Finanzas. Además, Sergio Iraeta, familiar de Estanislao Iraeta, que es el titular de Operaciones Ganaderas de Invernea, quedó al frente del área de Producción Agropecuaria y Forestal. Terreno loteado para los negociados.
El tercero de los casos que más ruido generan en el elenco gobernante es el del mencionado Adorni. En este caso no se constatan operaciones ligadas a “intereses cruzados” con la función pública, pero la PyME que se armó el vocero presidencial es grotesca.
Desde que asumió en su cargo, que depende de la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, Adorni designó a más de 100 personas. Gran parte de su familia trabaja para el Estado: su hermano, como auditor de procedimientos en la cartera de Defensa; y, su mamá y su tía, ambas en la Cámara de Diputados.
Del vocero presidencial dependen 7 direcciones nacionales, 14 direcciones simples y 16 coordinaciones. Los gastos mensuales que le pueden insumir al erario público se estiman en unos 300 millones de pesos al mes y, por año, unos 3600 millones de pesos. Dentro de las más de 100 personas reclutadas por la “PyME”, se incluyen los contratos de los cargos más altos, como directores o coordinadores, y casi 30 asesores.
Al Gobierno nada de estas objeciones lo inclina para desprenderse de sus funcionarios, el punto de no retorno es simplemente cuando se contradicen los designios del Triángulo de Hierro presidencial.
“NO TIENE RELACIÓN CON LOS SINDICATOS”
En estos doce meses de gestión, el Gobierno utilizó todas las herramientas a su alcance para neutralizar los principales reclamos de los dirigentes gremiales, a los que en el momento de la campaña presidencial, Milei acusaba de entregar a sus trabajadores. .
Lo que al principio pareció una relación sumamente tensa con la CGT, con dos paros generales en los primeros meses del año, luego se fue desinflando, al compás de la buena imagen que cosechaba Milei, y el descredito de los sindicalistas. Los sectores más “contestatarios” dentro de la central fueron quedando a un lado, y quienes ganaban terreno eran los referentes del colaboracionismo con el Gobierno.
Si bien hay coincidencia en que el ancla salarial es uno de los ejes centrales, sumado a la reforma laboral que se incluyó en buena parte en la Ley Bases, la diferencia sobre la táctica que deben tomar es algo que parte aguas con referentes como el camionero Pablo Moyano, que se alejó de la conducción de la CGT; Pablo Biro, de los aeronáuticos; el líder de La Bancaria Sergio Palazzo o el secretario general de la UOM Abel Furlán.
Las posturas más conciliadoras provienen de parte del triunviro y pope del gremio de Sanidad Héctor Daer. A él se le suman el líder del sindicato de Comercio Armando Cavallieri y de Roberto Fernández, titular de la UTA.
Hay otros tres nombres propios que mantienen las conversaciones habituales y hoy son los principales interlocutores del asesor sin cargo Santiago Caputo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el secretario de Trabajo, exabogado a tiempo completo de Techint, Julio Cordero.
Son el titular del gremio de Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA), José Luis Lingeri; el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez; y, el líder de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez.
El Gobierno les dio la venia con algunos de sus reclamos más sentidos, y manteniendo las cuotas solidarias, o evitando ir a fondos con las sanciones contra los bloqueos a las empresas. Esta ala dialoguista de la CGT se siente a la defensiva, e intentan negociar salarios que puedan contrarrestar la enorme pérdida del poder adquisitivo acumulada en todo el año.
Ninguno de los nombres mencionados en este artículo forma parte de la “casta”. Pero lo estarán si en algún momento se alejan de la órbita de los Milei y Santiago Caputo.