La Justicia dictó el sobreseimiento del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, frente a la causa por los polémicos sobreprecios en compra de alimentos, episodio que ocasionó un fuerte revuelo en plena etapa de cuarentena en 2020. Fue el juez federal Sebastián Casanello quien dispuso la medida tras descartar la existencia de delito por parte de la figura del ministro.

El fiscal federal Guillermo Marijuán ya había dictaminado a favor del sobreseimiento del ministro Arroyo y otros imputados en el marco de esa causa, al descartar la existencia de sobreprecios en compras de alimentos durante la pandemia de coronavirus.

“De un análisis de las contrataciones por emergencia objeto de investigación y el resultado de las diligencias adoptadas durante la instrucción del sumario, esta parte no advierte la comisión de conducta ilícita alguna por parte de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los responsables de las empresas jurídicas intervinientes”, había concluido el fiscal. De esta manera, el juez Casanello decidió sobreseer tanto a Arroyo como a otros 15 imputados.

La denuncia había sido presentada el 20 de abril del año pasado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, cuando se advirtió sobre posibles irregularidades en la compra de alimentos por parte de la cartera conducida por arroyo, en pleno marco de asistencia a comedores e instituciones sociales por la emergencia de COVID19.

Las contrataciones se hicieron por un total de 543.408.400 de pesos y en la denuncia la PIA sostuvo que habrían sido adjudicadas a “un grupo reducido de empresas” que “en su mayoría- cotizaron por encima del precio testigo proporcionado por la Sindicatura General de la Nación”.

“El precio fijado correspondía al valor medio de mercados mayoristas y distribuidoras para cada producto, todo ello calculándose con las condiciones de contratación previstas en el Pliego de Bases y Condiciones”, según argumentaron ante la fiscalía.

Los sobreprecios habían sido registrados en alimentos de primera necesidad como fideos, arroz, aceite, azúcar, lentejas, entre otros. El hecho generó una reacción inmediata por parte de las organizaciones sociales, en ese entonces, solicitaban de manera urgente las partidas alimentarias para los merenderos y comedores de los sectores más vulnerables, en pleno desarrollo de aislamiento por coronavirus.

“Es una estafa a los pobres y confío en que Alberto Fernández va a ponerle los puntos al responsable”, había sido el comentario del dirigente social Juan Grabois, respecto del escándalo destapado en la órbita de Desarrollo Social por el caso de sobreprecios de alimentos.