A poco más de un mes del generalizado repudio contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia que había beneficiado con el 2x1 al represor Luis Muiña y terminó con la sanción de una nueva normativa en el Congreso, el juez Alejandro Daniel Esmoris subrogante del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata otorgó el polémico beneficio a los represores Ramón Fernández y Abel Dupuy, en el cómputo de las penas de prisión a las que fueron condenados en 2010.

Fernández y Dupuy fueron condenados en 2010, con sentencias que se encuentran firmes, a 25 años de prisión y a prisión perpetua por su participación en delitos y homicidios cometidos en la Unidad Penal 9 platense durante la última dictadura.

En el fuero federal los tribunales orales se encuentran a cargo de la ejecución de la pena y para las sentencias que se encuentran firmes las resoluciones se producen de manera unipersonal, por lo que adoptó la decisión en solitario el juez Esmoris.

"Más allá de las interpretaciones que, acerca de la aplicación del artículo 7 de la ley 24.390 en su redacción originaria se han formulado, entiendo, ajustado a derecho, que la efectividad de dicha norma no puede supeditarse a ninguna condición, verbigracia, que el condenado haya sufrido encierro durante su vigencia", planteó Esmoris en el fallo.

Y consideró que "corresponde que se aplique" en este caso la "regla del 2x1 y como consecuencia de ello, realizar un nuevo cómputo de detención". El magistrado citó cinco apartados del fallo "Bignone, Reynaldo, Benito Antonio y otro s/ recurso extraordinario" de la Corte (considerandos 11, 14, 15, 16 y 17 de los votos de Carlos Rosenkratz y Elena Highton de Nolasco, que constituyeron mayoría con Horacio Rosatti).

Por su parte, la Fiscalía de Derechos Humanos de La Plata, a cargo de Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro, se había opuesto a la solicitud de la defensa de aplicar el controvertido 2x1. Los representantes del Ministerio Público Fiscal dictaminaron que la solicitud de otorgamiento de la libertad condicional debía ser rechazada.

Y plantearon "que la Ley 24.390 que contempla el 2x1 y fue derogada en 2001- nunca tuvo aplicación con respecto a los delitos de lesa humanidad y que no podría considerarse como una ley intermedia, pues cuando se sancionó tenían vigencia las leyes de punto final y obediencia debida que excluían su aplicación con respecto a estos delitos".