Los requerimientos de vivienda en Argentina, en la actualidad, alcanzan a unos 4.669.254 hogares. Esto equivale a más del 40% de los hogares residentes a lo largo y ancho de nuestro país. Obviamente, estos guarismos no son achacables a la administración. Por el contrario, dan cuenta de un problema de larga data, que a esta altura parece ser estructural.

La situación es tributaria de las profundas transformaciones socioeconómicas y políticas que atravesó la sociedad argentina entre mediados de la década de 1970 e inicios del siglo XXI. Los avatares políticos, económicos y sociales produjeron un fuerte deterioro en las formas y condiciones de acceso al suelo y a la vivienda para amplios sectores de población. Por un lado, el proceso de empobrecimiento que –por diferentes causas y contextos– afectó a la población argentina entre mediados de la década de 1970 y principios de 2000, deterioró fuertemente el poder de compra del salario con respecto al valor de las viviendas. Por el otro, el proceso de reforma del Estado impulsado a inicios de la década de 1990, descentralización mediante, reorganizó en gran medida la lógica de la políticas sectoriales y tuvo impactos en la producción de la vivienda social.

Entre los años 2003 y 2015, la política de los planes federales de vivienda intentó remediar la situación. Si bien, hasta la fecha, dicha iniciativa representó el punto más alto de la actuación pública en términos de recursos invertidos y de cantidad de viviendas producidas y/o mejoradas, sus esfuerzos no fueron suficientes. Adicionalmente, si bien, durante esos años, el poder de compra del salario experimentó mejoras, lamentablemente su recomposición no logró empatar el valor de las viviendas.

El gobierno a cargo del Ing. Mauricio Macri, impulsó una fórmula que combinaba ahorro y préstamo en las denominadas Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) –unidad de medida creada por el Banco Central de la Nación para promover el crédito hipotecario. De este modo, la deuda quedaba fijada en UVAs y atada al Coeficiente de Estabilidad de Referencia (CER) en base a la evolución de la inflación.

La política tuvo una promoción masiva por parte de la administración Macri y, también, por la banca pública y privada. Sus alcances parecían prometedores: en un contexto de inflación contenido, la cuota a pagar experimentaba un significativo descenso y los plazos, una extensión de 20 a 30 años. Sin embargo, el globo del optimismo no tardó en pincharse. La administración Macri sobredimensionó su capacidad para controlar la inflación, minimizando los riesgos de una política crediticia eminentemente pro-mercado.

La fuerte depreciación de la moneda nacional y la aceleración de la inflación en las últimas cuatro semanas puso una vez más en claro que la vivienda propia era, sin lugar a dudas, una ilusión efímera. La herramienta mostró rápidamente sus límites técnicos y lo que es peor, sus límites sociales. Una nueva realidad es la que se impone: la incertidumbre de los hogares por no saber si podrán hacer frente al aumento acelerado de las cuotas y operaciones que se caen por la corrida, dando por tierra con el anhelo de convertirse en propietarios.

*Socióloga. Doctora en Ciencias Sociales (UBA).Instituto de Investigaciones Gino Germani/ CONICET