Durante estas semanas, además del dólar y las tasas de interés, el centro de las noticias económicas girará en torno al presupuesto 2019. Y aunque todos los años el envío del proyecto del Ley de presupuesto del Estado Nacional  capta toda la atención en materia de noticias económicas, este año resulta de una importancia mucho mayor. Esto obedece a dos razones.

En primer lugar está el nuevo acuerdo con el FMI. Tras haber incumplido el acuerdo antes de la primera revisión, como condición para reanudar los desembolsos y adelantar el esquema de pagos de 2020 y 2021 a 2019, el gobierno se comprometió con el FMI a realizar un ajuste fiscal mayor. En este sentido, la aprobación del presupuesto con el ajuste enviado por el gobierno es una condición de los términos pre-acordados con el FMI (aún no conocidos en detalle).

En segundo lugar, es el presupuesto de un año electoral. Sin embargo, el gobierno pretende realizar el mayor ajuste en este particular periodo del mandato. Y aquí aparecen las cuestiones particulares para analizar. El gobierno espera realizar una consolidación fiscal primaria de 2,6 puntos porcentuales del PBI en un año, llevando el déficit primario a cero en 2019. Para ello estima un crecimiento de recursos del orden 41,6% y de los gastos primarios del 26,9% (caída real de 11 puntos). Los únicos gastos no ajustados en términos reales serán los pagos de deuda (+28,7 puntos términos reales), la seguridad social (+1,9 puntos en términos reales) y el gasto corriente de universidades nacionales (+4,9 puntos en términos reales).

Un presupuesto de endeudamiento y ajuste en un año electoral

De funcionar esta proyección, todo el nuevo endeudamiento solo tendría destino el pago de intereses de la deuda. Difícil. En especial, cuando el centro de las estimaciones gobierno dependen de que variables macroeconómicas, y en especial, el contexto de estabilización cambiaria se cumplan.

Entre las proyecciones para el año 2019 el gobierno estima que el dólar cotizará en promedio a $40,1, registrando una devaluación menor al 9% para todo el año. Es decir, que para el gobierno la corrida de agosto fue la última y las presiones que siguen serán totalmente administrables. Sin embargo, si no se cumple la proyección del dólar aparecen cuatro consecuencias sobre las estimaciones del presupuesto. La primera es que el dólar no funcionaría como el ancla desinflacionaria esperada. Según se anunció, se ingresará en un sendero desinflacionario hacia enero de 2019, resultado una inflación promedio anual del 35% para todo el 2018 y del 23% “punta a punta” para diciembre del 2019. Si se devalúa más, la inflación proyectada será mayor. La segunda consecuencia es el efecto de la mayor inflación  en el salario real y por ende el consumo. El gobierno estima cierta recuperación del salario hacia la segunda mitad del año, en coincidencia con el cronograma electoral. En un contexto de incertidumbre cambiaria y financiera, la caída del PBI será aún mayor. En tercer lugar, están las estimaciones del gasto, especialmente subsidios y pagos de la deuda. Una mayor devaluación incrementará estas partidas, haciendo de más difícil cumplimiento el objetivo de déficit primario cero. Esto impulsará un ajuste mayor al ya pactado. La cuarta es el efecto rebote sobre el producto, dificultando el contexto anterior.

*Economista, CESO- Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz