Foto de Lidia Yánez- Coordinadora Feminista 8M

“Evadir, no pagar: otra forma de luchar”

El 19 de octubre llegué a Santiago de Chile para realizar una serie de actividades académicas; el mismo día en que el presidente Sebastián Piñera decretó el Estado de Emergencia Constitucional en Santiago y Chacabuco -con el que limitaba la locomoción libre, el tránsito por la vía pública, así como la realización de reuniones de más de 5 personas- debido a la enorme protesta callejera desatada en la jornada del viernes 18/10, que provocaron el cese de las operaciones de toda la red subterránea y que fue reprimida fuertemente por Carabineros.

Sin embargo, las manifestaciones no sólo continuaron sino que además se replicaron e intensificaron por todo el país, lo que provocó la reacción del entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, a interponer querellas por delitos contemplados por la Ley de Seguridad del Estado contra quienes hubiesen cometido daños, saqueos e incendios.

El Estado de Emergencia dictado por el gobierno chileno, lejos de acallar las enormes protestas, exacerbó la resistencia de un pueblo dispuesto a resistir hasta lograr “cambiarlo todo”. Lo cual se manifestó transversalmente en las calles a través del accionar de sectores populares y de clase media, trabajadores, estudiantes, familias, niñxs y ancianxs que se convocaban espontáneamente en diversos puntos del país con sus cacerolas. Ese componente espontáneo, ausente de líderes y de dirigencia política ha sido quizás una de las claves para que tuviera primacía la perseverancia en las luchas, por fuera de los acuerdos y alianzas con el gobierno.

La permanencia de la gente en las calles suscitó el redoblamiento de carabineros, así como el despliegue de unidades del ejército chileno que reprimían con balas, balines, guanacos, zorrillos y gases lacrimógenos. Lo que no comprendía la dirigencia que daba la orden a las fuerzas represivas de radicalizar los castigos y recrudecer la represión -que hasta el momento ha tenido como resultado más de 22 muertos (muchos de ellos supuestamente calcinados en los saqueos, cuando en realidad los exámenes de defunción revelan que han sido por balas), 2.209 heridos; y 2410 detenidos, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH)- era que eso intensificaba la rabia revolucionaria, y que lejos de atemorizar, tenía un efecto “rebote”: más fuerza y convicción para resistir.

“La asamblea manda” 

La causa inmediata de la revuelta ha sido el alza de tarifas del sistema de transporte de Santiago que entró en vigor el 6 de octubre de este año. Frente a lo cual, centenares de estudiantes –principalmente nucleados en el ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios) fundada en 2001- se convocaron para evadir masivamente el metro de la capital de Chile. Han sido los estudiantes secundarios quienes han mostrado una vez más tener la mayor conciencia histórica y rabia política para motorizar el estallido.

En 2001, fueron ellxs quienes salieron masivamente en lo que se conoce como el “Mochilazo” para rechazar el modelo neoliberal, teniendo como bandera la consigna: “La Asamblea manda”. Unos años más tarde, en 2006 se triplicaron en número y salieron más de 1millón y medio en el famoso “pinguïnazo” bajo la misma consigna. En 2011 confluyeron con los principios políticos de lxs universitarixs en torno al cuestionamiento estructural del modelo neoliberal y en el reclamo de educación pública; y en 2018 articularon con la imponente marea feminista.

El accionar de las activistas y militantes feministas ha sido destacado y central en esta rebelión, principalmente porque han logrado visibilizar la radicalización de la violencia en contextos espacialmente hostiles que se descarga con mayor virulencia contra las mujeres y las sexo- disidencias. Desde la Coordinadora Feminista 8M –que desde julio de este año forma parte de Unidad Social junto a otras organizaciones sociales- además de sostener posiciones tendientes a transversalizar el feminismo plurinacional al interior de los espacios asamblearios y de discusión de los movimientos sociales; se ha denunciado y colocado el foco en la violencia política y sexual ejercida sistemáticamente por las FFEE de Carabineros contra manifestantes mujeres y sexo-disidentes.

Hasta la fecha, el INDH ha puesto 19 querellas contra carabineros por violencia sexual, dos de las cuales han sido por violación a varones LGTIBIQ. Sin contar por supuesto, las que no han sido denunciadas, sea por falta de conocimiento para reconocer determinadas situaciones como violencia sexual, por temor, vergüenza o por culpa.

Archivo de la Coordinadora Feminista 8M

“Nos tienen miedo porque no tenemos miedo”

Tal como ha sido discutido en diversas instancias asamblearias, el aumento en la tarifa del transporte ha operado como “gota que rebalsó el vaso” en un contexto de creciente pérdida de la dignidad y de múltiples opresiones; por el encarecimiento del costo de vida y de la precarización de la misma, como efecto del neoliberalismo maduro que atraviesa al país más austral de Latinoamérica.

En los distintos “cabildos abiertos” existentes en distintos puntos de Santiago- y de numerosas provincias chilenas- se ha manifestado una y otra vez la potencia epistemológica y revolucionaria de la rabia y el hastío de un pueblo que durante más de cinco siglos viene sufriendo despojo y opresión, hartazgo del que –claro está- los gobernantes y empresarios chilenxs- están limitados a dimensionar.

El protagonismo de la bandera mapuche y del whipala en las marchas y espacios asamblearios ha logrado visibilizar una realidad negada por el imaginario social hegemónico: desde el siglo XVII hasta la actualidad, el pueblo mestizo ha constituido entre el 52% y el 68% de la población nacional, y han sido uno de los sectores más perjudicados por el proyecto capitalista y neoliberal. Pero en esta partida estas comunidades originarias han mostrado desde el principio la intención política de no dar un paso atrás para terminar con su opresión.

Chile ha sido y es una bomba de tiempo. Atendamos al hecho de que desde 1973 además de eliminar la política revolucionaria de la izquierda como la política reformista del centro; se impuso por medio de una violencia militarizada un modelo neoliberal que debía probar que la economía de mercado podía generar un “desarrollo económico social”. En 1980, se dicta a estos efectos una Constitución ilegitima, y se habilitó el ingreso irrestricto para el gran capital financiero internacional.

Los gobiernos de fines del siglo XX y principios del XXI, bajo la premisa de que Chile constituía una especie de “oasis” de Latinoamérica, profundizaron las políticas neoliberales: privatizaron el agua natural y potable, la salud, la educación, la previsión social a través de las AFP, el transporte, las comunicaciones, las carreteras, en manos de multimillonarias empresas multinacionales.

La extracción de plusvalía de las “transacciones comerciales” es tal que se intenta simular a través de los grandes índices de consumo, que como no podía ser de otra manera, sume a la población en una mayor pobreza dado la perversión de intereses de los créditos en los que tienen que incurrir para acceder a tal hiperconsumo. Sin embargo, hay un resto que esta ideología neoliberal no ha podido arrebatar a lxs chilenxs: la dignidad de resistir y luchar por una vida digna para todos y todas.

El único acuerdo posible: Renuncia Piñera y que “no nos gobierne la derecha”

La clase gobernante y empresarial de Chile desesperada ha desplegado las estrategias más perversas para legitimar la represión y la violencia estatal. Por un lado, a los pocos días del estallido social, Piñera buscó instaurar el relato de un enemigo interno al que había que aniquilar para terminar con “la guerra” social. Así como anunció una serie de medidas tendientes a “paliar” la situación y a instaurar una imagen de “normalidad”, que el pueblo -cansado de soportar usuras y “cuentos”- desmintió en las calles, con más bronca, más movilización y más cacerolazos.

Es por ello que, el discurso oficialista en torno a la revuelta, cambia. Luego de la “marcha más grande de Chile”, acontecida el 25 de octubre, el gobierno forzado por querer empatizar con el pueblo sublevado, aparenta abrazar semejante movilización (tal es así que, Piñera en su twitter “felicitaba” a lxs chilenxs que habían estado en las calles). Pero la falsedad de esa supuesta empatía se evidencia en el enorme despliegue militar y policial del Estado chileno para dispersar la marcha de quienes nos dirigíamos por la Alameda hacia la Moneda en Santiago.

En la misma dirección, a espaldas de las demandas del pueblo en las calles, la madrugada del viernes 15 de noviembre, el Congreso chileno sancionó el “Acuerdo de Paz” firmado por un puñado de partidos políticos que no tienen más del 5% de aprobación, para emprender un proceso constituyente y lograr un plebiscito que dé lugar a una nueva Carta Magna.

Sin embargo, este acuerdo “de paz” no toma en cuenta que las voces que se alzan en las comunidades, en los barrios, y en los distintos espacios asamblearios que se han ido gestando este último mes; exigen que la Reforma de la Constitución no sólo sustituya la vergonzosa Constitución pinochetista, sino que termine estructuralmente con la desigualdad social y que estatice los recursos naturales, la salud y la educación. Es bajo esa premisa de “transformarlo todo” que, por ejemplo, las feministas de la CF8M sostienen rotundamente su negativa a “institucionalizar los Cabildos existentes a lo largo y lo ancho del país” y a redirigir sus objetivos tendientes a gestar los lineamientos de una Asamblea Constituyente Plurinacional, Feminista, Popular y de Clase. 

¿Se logrará ganar esta parada? Si bien el corte es irreversible, como todo acontecimiento revolucionario su final sigue abierto. Dependerá de la resistencia y la fuerza organizada con la que sus protagonistas logren articular las demandas de distintos sectores –sobre todo de los que históricamente han sido silenciadxs-; persistir en las calles y seguir poniendo el cuerpo para que, de una vez por todas, este “Chile que despertó” tenga por costumbre no la violencia sistemática e institucionalizada sino la dignidad, la libertad y el derecho de vivir en paz.

*Filósofa Feminista. Docente e Investigadora de la Universidad Nacional de La Plata