La educación hace tiempo que dejó de ser una prioridad para la mayoría de los y las argentino/as. Distintos relevamientos de opinión pública dan cuenta que entre nuestras principales preocupaciones se encuentran en problemáticas como la inflación, el desempleo, la inseguridad y la pobreza. La educación no figura en estos rankings.

La evidencia a nivel global da cuenta de un fenómeno interesante: las familias se suelen mostrar satisfechas con la calidad educativa que reciben sus hijos e hijas, pero presentan desconfianza respecto a la calidad del sistema educativo de sus países en general. Mientras que en Argentina hay una percepción generalizada en torno a una“crisis educativa” en la que estamos sumergidos hace décadas, un alto porcentaje de familias (84%) se muestra conforme o muy conforme con la educación que reciben sus hijos en la escuela (Fundación Varkey, Global Parents’ Survey 2018). Esto puede contribuir a explicar porqué la misma no se encuentra entre las prioridades o principales preocupaciones.

Ahora bien, este fenómeno refleja, al menos, dos problemas. En primer lugar, la percepción de las familias respecto a la calidad educativa que reciben sus hijos no parece coincidir con los datos que arrojan distintas evaluaciones de aprendizajes, tanto nacionales como de nivel internacional, que evidencian un deterioro en los niveles de aprendizaje de las y los estudiantes argentinos en las últimas décadas. En PISA, evaluación internacional de la OECD a estudiantes de 15 años que se implementa cada 3 años, la proporción de estudiantes con niveles de desempeño bajos o muy bajos muestra una tendencia creciente a lo largo de los años. Asimismo, en el caso del nivel primario, los últimos resultados de la evaluación ERCE (UNESCO) presentan un deterioro de los niveles de aprendizaje, con resultados por debajo del promedio regional y por debajo de anteriores mediciones en nuestro país. Estos resultados esconden enormes desigualdades por nivel socioeconómico. Sin embargo, la pérdida de aprendizajes se corrobora en los distintos segmentos sociales.

En segundo lugar, el percibir que la calidad educativa de nuestros hijos e hijas es buena atenta contra la posibilidad de generar un reclamo por mayor calidad educativa. La educación parece ser un “problema del otro”. Si cada uno se encuentra satisfecho con su situación personal no hay condiciones dadas para una acción colectiva por mayor calidad educativa. Esto se ve profundizado por el hecho que los sectores medios, históricamente asociados a la demanda por más y mejor educación, en los últimos años se han desplazado progresivamente a escuelas de gestión privada. Según datos del Ministerio de Educación de la Nación, para el nivel secundario, entre los años 2011 y 2019, la matrícula del sector privado tuvo un crecimiento del orden del 15%, creciendo en términos relativos más que la matrícula del sector estatal (10,5%). La privatización de la educación y la profundización de la segmentación de nuestro sistema educativo hacen aún más difícil articular una fuerte demanda de la sociedad por mayor calidad educativa.

Esta dificultad de articular una demanda social en torno a la educación se ve reflejada en la ausencia o débil presencia de la agenda educativa en los discursos políticos y de candidatos. Rara vez se escucha debatir en torno a qué hacer con la educación, son pocos los espacios políticos que cuentan con expertos, planes e ideas concretas de cómo mejorar esta situación. Esta ausencia de debate e ideas también contribuye a desdibujar la educación como problemática o cuestión social que requiere de atención. A nuestra clase política y dirigente, quienes cuentan con más recursos y tienen la responsabilidad de trabajar por una educación mejor, les dejó de interesar el tema.

La pandemia del COVID19 constituyó una oportunidad única en este sentido, ya que puso a la educación en la agenda pública. El cierre masivo de escuelas evidenció el rol clave de las mismas en términos no sólo de adquisición de aprendizajes, sino como espacio de socialización, de encuentro con pares y desnudó, una vez más, las enormes disparidades que conviven al interior de nuestro sistema educativo. Sin embargo, a casi dos años de la irrupción de la pandemia el debate apenas pudo superar la discusión coyuntural de escuelas abiertas vs. escuelas cerradas. Hoy podemos decir que es muy poco lo que se aprovechó esa oportunidad para discutir cuestiones más de fondo: cómo construir un sistema educativo más justo, cómo acompañar mejor las trayectorias educativas, fortalecer el rol docente,  garantizar las condiciones materiales esenciales en las escuelas y consensuar líneas de política que superen la coyuntura, resuelvan los grandes desafíos que afrontamos y permitan construir las bases de una política de educación a más largo plazo.

La educación que sentó las bases de nuestro Estado Nación, tuvo una función clave de socialización y unificación en la construcción de la Argentina como país. Sin embargo, dejó de ser una prioridad, fue olvidada desde que, como sociedad, dejamos de entenderla como un bien público, como una responsabilidad colectiva y como una herramienta para la construcción de una sociedad más justa. Una sociedad más educada es una sociedad mejor para todos y todas. Es hora que volvamos a poner a la educación en un lugar central en la agenda pública y a generar debates sobre qué educación queremos para las nuevas generaciones.

*Socióloga (UBA), Magister en Administración y Políticas Públicas (UdeSA) y en Políticas Sociales y Desarrollo (LSE).Experta en políticas educativas, generación, uso y difusión de datos educativos. Twitter: @sambonelli