El tercer ciclo neoliberal sufrido por la Argentina concluye –como sucedió en las experiencias previas– en medio de un gran descalabro financiero. La coyuntura económica de nuestro país ha ingresado en una vorágine destructiva en la que, día a día, se suceden las noticias negativas sobre el dólar, las tasas de interés, la sangría de depósitos bancarios, las reservas disponibles y los récords del riesgo país. Como es obvio, detrás de esta vorágine se ha venido produciendo un persistente deterioro de la actividad productiva y de las condiciones sociales de vida.

Cuando la actual administración llegó al gobierno, la economía no atravesaba una coyuntura favorable, pero la política macroeconómica adoptada agravó el panorama existente. A fin de terminar con las regulaciones cambiarias y retornar al mercado internacional de deuda, el gobierno indujo una fuerte devaluación del peso. A la vez, dispuso un shock tarifario en los servicios de electricidad, gas, agua y en otros precios regulados. Como era esperable, la inflación se aceleró, el salario real se contrajo y la actividad productiva se deterioró. La dinámica macroeconómica de 2017 fue distinta. La mutación más relevante se dio en materia cambiaria, donde la estrategia de depreciación de 2016 derivó sin mayores disimulos hacia su opuesto. El tipo de cambio real se apreció, lo cual moderó la suba de los precios internos y ofreció espacio a un tibio repunte del salario y del consumo interno. Sin embargo, el fuerte deterioro de la cuenta corriente y la aceleración de la fuga de divisas permitían avizorar un futuro cargado de problemas. Comenzado 2018 quedó al descubierto la fragilidad de una estrategia basada en el sobre-endeudamiento externo y la atracción de capitales financieros de corto plazo. Cuando el gobierno vio interrumpida su capacidad de seguir colocando deuda en el mercado internacional se desató una corrida cambiaria que derivó en un pedido de auxilio financiero al FMI y en la consiguiente elaboración de un programa ortodoxo de ajuste monetario y fiscal.

El descalabro de 2018 y 2019 impactó fuerte en toda la trama productiva doméstica y se multiplicaron las noticias sobre cierres y suspensiones en empresas de diferentes sectores. El desempleo volvió a superar los dos dígitos después de varios años y la pobreza mostró un salto considerable. Además, pese a los dólares del FMI, el frente financiero siguió deteriorándose y el gobierno dispuso de forma desesperada un “reperfilamiento” –el nuevo eufemismo de moda– de una parte de la deuda pública y el retorno del control de capitales. En definitiva, todos los problemas estructurales que la Argentina enfrentaba cuatro años atrás siguen vigentes, pero a ellos se agregan una sucesión de tensiones macrofinancieras de corto plazo que requieren ser atendidas con urgencia.

Bajo este contexto complejo se desarrolla la VI edición del Congreso de Economía Política del CCC y la UNQ, un espacio que –año a año– promueve el pensamiento crítico y la interpretación heterodoxa de los desafíos económicos de la Argentina. Algunos de los temas que recorrerán este encuentro se vinculan a los desafíos inmediatos que condicionan a nuestra economía, tales como las alternativas existentes para lidiar con los desequilibrios financieros y revertir la caída de la actividad y el empleo. Otros interrogantes, en cambio, retomarán los grandes desafíos de largo plazo discutidos en ediciones anteriores del Congreso, incluyendo las estrategias para alentar un desarrollo productivo sostenible, promover una mayor articulación entre la producción y el sistema de CyT, inducir un aumento duradero de la inversión, ganar espacio en los mercados externos y mejorar la inclusividad laboral y distributiva en dimensiones sociales múltiples, incluyendo la relativa al género.

*Economista. Universidad Nacional de Quilmes