Los números de la inflación son aterradores. El último registro oficial, del mes de abril, dio 6%, después que marzo marcara 6,7%. Estamos frente a los peores números desde el fin de la hiperinflación de principios de los años 90. Se nos vendió que se trataba de apenas un pico, y que en abril habría un sustancial descenso. Pero apenas bajó a 6%, así como mayo retrocederá como mucho a 5%. Esto se da por factores estacionales, pero en un registro de promedio anual altísimo, 58%, que, a este nivel de aceleración, corre el riesgo de anualizarse al 65-70%.Y, como vino pasando los últimos meses, el valor será peor aún si focalizamos en cuánto subieron los alimentos y otros productos esenciales de la canasta familiar.

Encima, esto recién empieza. En mayo ya tenemos un nuevo salto en el precio de los combustibles, que acumulan en el año un alza del 30%. Vale detenerse en el detalle de cómo se dio esta vez la suba. Salieron primero las transnacionales Axion y Shell, subiendo un 12%. YPF, la petrolera con mayoría estatal, tendría que haber aprovechado para “disciplinarlas”, manteniendo el valor del combustible como estaba, y forzando, vendiendo más barato, a que las dos multinacionales tuvieran que retroceder. Hizo lo contrario: siguió el tren de Axion y Shell y acompañó aumentando también un 12%. En la primera quincena también se registran aumentos en los precios de los alimentos. Como ya dijimos, el IPC de mayo va a culminar cercano al 5%. Y todavía faltan, en junio, la nueva ronda de aumentos de tarifas.

La pasividad del gobierno ante los aumentos de precios es atroz. Ninguna de las medidas anunciadas con toda la pompa hace un par de meses está funcionando (relanzamiento de precios cuidados, acuerdos de la carne, fideicomiso para garantizar el precio de la harina). El incumplimiento empresario de lo que ellos mismos firmaron es gigantesco: en las góndolas cada vez es más difícil encontrar los productos acordados. Por supuesto, no existe una sola empresa sancionada.

¿Es que el gobierno “quiere pero no puede” controlar? ¿Es acaso como dicen los economistas liberales, que sostiene que los controles de precios no sirven? Nada de eso. Digámoslo con todas las letras: el gobierno necesita que siga la inflación en un registro alto, ya que es la manera más sencilla de licuar los salarios estatales, las jubilaciones y los gastos sociales en general. Por supuesto que quiere evitar un desmadre o una hiperinflación, pero la realidad es que hoy la suba de precios es la manera en que se está llevando adelante el ajuste exigido por el FMI.

¿Qué pasa con los aumentos de salarios?

Hace apenas un par de meses, la pauta de negociación paritaria para 2022 se venía proyectando en el 40% anual (por supuesto en cómodas cuotas). Luego, ante el desmadre inflacionario, se empezó a hablar del 50%. Ahora con estos números récord de inflación, algunos gremios empiezan a cerrar en valores cercanos al 60%. Siempre, por supuesto, en cuotas que se terminan completando a fin de año o incluso en los primeros meses de 2023. El primer gremio que cerró con estos valores fue la Asociación Bancaria. En los días sucesivos, algunos otros gremios firmaron por porcentajes similares.

Sin embargo, no debemos dejarnos engañar: esos valores no alcanzan. Primero y principal, porque no se trata de un 60% real, sino de una serie de pequeños aumentos en cuotas que “al final”, a fin de año o comienzos de 2023, sumarán el 60%. O sea que los salarios seguirán corriendo de atrás a la carestía de la vida. Segundo, porque la inflación de este año va a ser incluso superior al 60%, según todos los pronósticos. Y tercero, porque ni por asomo, siquiera se acercan a recuperar lo perdido en años anteriores.

La inflación creciente y el deterioro de los salarios no se arregla con discursos. Mucho menos con anuncios de una reactivación que no se ve por ningún lado. La salida es clara: se necesita un aumento de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar. A partir de allí hay que reabrir todas las paritarias para recuperar lo perdido. Y reajustar mensualmente los ingresos de acuerdo a la inflación. A todo esto hay que complementarlo con un verdadero control de precios, fijando valores máximos a todos los productos de la canasta familiar y sancionando severamente, como autoriza la Ley de Abastecimiento, a todas las empresas que la violen. Una verdadera “guerra contra la inflación” y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios requiere de medidas drásticas de esta naturaleza.