El ministro de Economía Martín Guzmán ya anunció explícitamente los detalles del nuevo acuerdo que se busca con el FMI. Tendrá las características de un “acuerdo de facilidades extendidas”. Vamos a tratar de adelantar las posibles características de este: los 49.000 millones de dólares de deuda de la Argentina con el FMI (44.000 de capital y 5.000 de intereses) se deberían pagar en 12 cuotas consecutivas a partir de 2024 y hasta 2030. Serán cuotas de aproximadamente 4.000 millones de dólares cada una, por lo que nuestro país deberá abonar 8.000 millones de dólares por año. Recordemos que son los mismos años en que comienza a aumentar la curva de vencimientos con los acreedores privados. La suma de ambos implicará un monto descomunal e impagable, y muy posiblemente nos lleve a una nueva crisis de deuda.

Pero lo peor son las exigencias que se deberán cumplir para acceder a acuerdos de este tipo. Para que queden claro las vamos a dividir en dos: el ajuste permanente y las denominadas “reformas estructurales”.

Programa “plurianual” de ajuste

Ya en agosto pasado, cuando el gobierno de Alberto Fernández anunció que se iniciaban las negociaciones con el FMI, el propio ministro Guzmán fue el encargado de decir que el número más importante del presupuesto era la reducción del actual déficit fiscal del 8% del PBI a un 4,5% para 2021. Se trata de un ajuste enorme, el más grande desde 2002.

¿Cómo se va a ejecutar este ajuste? Primero y principal, con la desaparición de todas las partidas destinadas a la pandemia. No habrá un peso más destinado al IFE. Tampoco seguirá el ATP, cuestión que va a ser utilizado como excusa por muchas cámaras patronales para lanzar una ola de despidos.

Lo segundo, será la aplicación de una nueva fórmula jubilatoria a partir del próximo mes de marzo, que no se reajustará siguiendo a la inflación, sino a la evolución de los salarios. Recordemos que los salarios están perdiendo este año fuertemente contra la suba de precios. Eso se trasladará ahora a los jubilados, con “reajustes” que dejarán de ser trimestrales para pasar a ser cada seis meses.

Y tercero, a partir de enero próximo se comenzarán a descongelar las tarifas de servicios públicos privatizados. En concreto: vuelven los tarifazos sobre la luz y el gas, que se sumarán a los aumentos en los combustibles y a las subas de tarifas en el transporte.

Pero lo peor de todo es que el ministro Guzmán ya empezó a hablar de un programa plurianual. Esto quiere decir, en concreto, que el FMI exigirá un ajuste mayor aún para el 2022, otro más duro para el 2023 y así sucesivamente, en camino al “déficit cero”.

Las reformas estructurales

Todo acuerdo de facilidades extendidas viene con la exigencia de las denominadas “reformas estructurales”. Estas son básicamente dos: la reforma previsional y la reforma laboral.

La primera, según todos los documentos al respecto del propio FMI, implica el aumento de la edad jubilatoria y una tendencia a una reducción general del gasto previsional. En la Argentina esto implica la eliminación de los llamados “regímenes especiales”. Recordemos que el régimen especial más extendido es el docente. Eliminarlo va a ser el objetivo central del Fondo.

La otra reforma es la laboral. Con la excusa de “reducir el costo laboral”, el FMI apunta a destruir toda la legislación laboral argentina y los convenios colectivos de trabajo. Por ejemplo, el convenio petrolero de Vaca Muerta o la hiperflexibilización con que hoy se ven obligados a trabajar quienes se desempeñan en las empresas de aplicaciones que son los que aparecen en el horizonte, con tendencia a generalizarse.

La necesidad de un plan económico alternativo 

El presupuesto 2021 tuvo un tratamiento “express” en la Cámara de Diputados y pasó velozmente al Senado, donde se espera una rápida aprobación sin tocarle una coma. Porque este es el documento de compromiso que requiere el FMI para avanzar en las negociaciones.

En síntesis, no hay ninguna salida de la mano del FMI. Sólo nos ofrece ajuste sobre ajuste. Hace falta un programa económico radicalmente distinto. Que tampoco es el que propone la oposición de Juntos por el Cambio y el establishment liberal. Un auténtico plan alternativo, exige la ruptura de todos los pactos políticos y económicos con el Fondo y la suspensión inmediata de los pagos de deuda externa, la efectiva aplicación de un impuesto a las grandes fortunas y riquezas y la nacionalización de la banca y el comercio exterior, como pre-requisito para tener los recursos necesarios, y así priorizar las más urgentes necesidades populares: salario, empleo, vivienda, salud y educación.

*Economista. Dirigente de Izquierda Socialista. Twitter: @josecastillo_is