Seguridad y privacidad fue la conclusión en la presentación de CAPA8 sobre las nuevas tecnologías, los crímenes y su marco legal y regulatorio,  que tuvo la participación del Juez Nacional en lo Criminal de Instrucción, Manuel de Campos; de Pedro Janices del Ministerio de  Justicia de la Nación; del consultor Arturo Busleiman y del director Regional de Tecnología de Optaris, Daniel Tahan.

En Argentina no hay ninguna persona presa por cibercrimen y el marco regulatorio está aplicándose con mínimas consideraciones legales y construyendo su reglamentación  en base a los hechos que van surgiendo y que afectan tanto al sector público como privado, y que cada uno resuelve en la medida de su alcance tecnológico y sin tener un patrón de procedimiento claro que le indique los límites de la seguridad en las nuevas tecnologías.

No hay procedimientos ni tampoco políticas porque es un fenómeno nuevo y porque los límites de lo intangible se hacen complejos para develar. Las políticas de privacidad existen y las empresas e instituciones están empezando a contar con mayores resguardos en sus sistemas. Tahan por Optaris explicaba el procedimiento de control que puede realizarse para mapear los desvíos en el manejo informático de una institución.

"Generalmente cuando hay un desvío de datos en una empresa, tuvo que haber intervenido un participante de la misma; no siempre es alguien de afuera", subrayaba Tahan en relación a que los permisos que tienen los usuarios pueden usarse de una u otra forma y por ejemplo acceder a sectores que no están teniendo incumbencia en su tarea actual o que se está realizando por fuera del horario estipulado para ese fin.

Entre el público de la reunión estuvo este portal y representantes del sector público y privado que en diálogo con los expositores trataron, sobre todo, las ambigüedades que conlleva un cibercrimen y el delgado límite de la privacidad en la relación a la seguridad en ese ámbito; como así también, el vacío legal y "la desorganización encontrada para luchar contra el crimen organizado en el ciberespacio".

Por último, se enfatizó que el riesgo "no es virtual, es real" y ya lo han sufrido organismos públicos del país y naturalmente privados sin tanta trascendencia, pero que el alcance de este tipo de crimen-que aún se trata de tipificar-, es en niveles inferiores como una oficina o una pequeña empresa o área pública, muy alejado de los grandes ataques internacionales que cada vez son más frecuentes.