El juez federal Rodolfo Canicoba Corral citó a indagatoria a los ex ministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Guillermo Dietrich (Transporte) en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la renegociación de contratos con el Estado Nacional por peajes, durante el gobierno de Mauricio Macri.

El magistrado también convocó a declarar, en esta caso en calidad de imputados, al exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y al extitular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.

La Justicia investiga si funcionarios del gobierno de Mauricio Macri cometieron defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública cuando se prorrogaron los contratos de concesión con las firmas Autopistas del Sol (AUSOL) y Grupo Concesionario Oeste, pese a que estas empresas no habían cumplido con sus obligaciones y reclamaban deudas millonarias.

La resolución judicial expresa que “se investiga las maniobras defraudatorias y actos en violación a las leyes vigentes que resultaron gravemente lesivas para las arcas del Estado, llevados a cabo por los funcionarios públicos, en connvivencia dolosa con particulares, que intervinieron en las negociaciones y procedimientos de renegociación Integral del Contrato de Concesión del Acceso Norte de la C.A.B.A”.

Además, se analiza un contrato de concesión del Acceso Oeste firmado durante del gobierno de Cambiemos. En ambos casos, los hechos denunciados iniciaron con una resolución de la Dirección de Vialidad Nacional durante la gestión de Iguacel en 2016 y culminaron con la firma de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional en 2018.

Por otro lado, las indagatorias también alcanzan al exjefe de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, Ricardo Stoddart, y al presidente ejecutivo de Ausol, Andres Barberis. Las mismas se realizarán a través de videoconferencias, pero las fechas aún están por fijarse y, mientras tanto, a todos los citados a indagatorias se les impuso la prohibición de salir del país.

La causa se inició con una denuncia presentada por los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, quienes relataron que para concretar la negociación irregular se montó un escenario que incluyó dos reclamos de la empresa española Abertis (vinculada con Ausol) ante el tribunal de arbitraje internacional CIADI exigiendo valores millonarios en dólares por atrasos tarifarios.

La denuncia ante el CIADI fue presentada días antes de que Macri asumiera la presidencia de la Nación en 2015 y retirada años después, sin mayor trámite, cuando el gobierno de aquel entonces acordó extender las concesiones a Ausol y a Grupo Concesionario Oeste hasta el 2030, lo que implicó reconocerle a la primera de las firmas una supuesta de deuda de 500 millones de dólares por parte del Estado.