La inflación es un flagelo al cual la historia económica de nuestro país nos tiene acostumbrados, como también los voceros de la ortodoxia económica que proponen los mismos paquetes de políticas que distan de ser novedosas y que no han traído solución a este problema. Es por esto, por lo que resulta elemental reflexionar sobre las causas y efectos de la inflación y cuáles son las herramientas con las que cuenta el Estado (si es que se tiene la voluntad de utilizarlas).

En los últimos años se ha profundizado un modelo de acumulación basado en crecimiento económico con ajuste por inflación. En este sentido, la inflación galopante de los últimos meses no parece afectar a la actividad económica (por ahora). Esto se debe a que indicadores como el estimador mensual de la actividad económica (EMAE), el índice de producción industrial (IPI), el saldo comercial y tasa de desocupación (entre otras) han demostrado mejoras respecto a la salida de las restricciones debido a la pandemia y, sobre todo, respecto al gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, dicho incremento no se traduce en mejoras de los ingresos de las personas. En esta línea, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual configura el programa económico del gobierno de Alberto Fernández, no repara en ningún aspecto vinculado al incremento de los precios internos de la economía.

Respecto a las soluciones ortodoxas a la inflación han ido desde el enfriamiento de la actividad económica (a fin de bajar el nivel de consumo y así bajar los precios) hasta dolarizar la economía (ya que la inflación es un fenómeno netamente monetario, por lo tanto, la solución es abandonar la soberanía monetaria). El denominador común de las propuestas ortodoxas es la reducción del déficit fiscal vía ajuste en el gasto público, el cual puede generar un incremento de la desocupación (que sería el precio por pagar para poder bajar a la inflación). Sin embargo, estas políticas se han aplicado en los últimos años (y gobiernos), ya que, según diversos estudios, en el primer trimestre del 2022 se sobrecumplieron las metas de reducción fiscal (en 29.565 millones de pesos) y de disminución emisión monetaria (48% menos de emisión de lo previsto para el período); pero la inflación interanual acumulada es de 58% (la más alta de los últimos 30 años). Otro año en el cual la emisión fue cercana a cero fue en el 2019, el cual tuvo un nivel de inflación de 53,55%. Sin embargo, en el 2020, en el cual comenzaron las restricciones causadas por la pandemia y se incrementó la emisión de moneda, la inflación fue de 42% (es decir, más baja que en los otros años en los cuales la política monetaria fue contractiva). Como se verifica, en los últimos años las políticas económicas con tendencias ortodoxas abundaron, pero la inflación no se redujo ¿el problema es la realidad o la teoría?

En términos de causas de la inflación, lo primero podemos afirmar quienes, no abrevamos en la corriente ortodoxa, es que la inflación es multicausal. Hablamos de factores estructurales, como la concentración del capital y poder de mercado, hasta de razones que tienen que ver con factores especulativos, políticos, históricos, sociológicos y hasta culturales, más allá de las cuestiones meramente macroeconómicas. Otro aspecto, que no es menor, es la lógica financiera (más que productiva) que aplican los propietarios de las distintas facciones del capital. En este sentido, estamos frente a un fenómeno que expresa una puja distributiva entre los sectores concentrados de la economía y el resto de la sociedad. Es por esto que, si analizamos un poco los números, encontraremos más respuestas en el sector externo (por ejemplo) que en la emisión monetaria. Efectivamente, el aumento de los precios internacionales de los commodities que se producen en el país, repercute en los precios del mercado interno de los mismos en la medida que se prioriza al mercado internacional. Esto se debe a que se encuentran garantizados los mecanismos de traslado de precios a fin de mantener la tasa de ganancia independientemente del mercado al cual se venda. Es decir, la inflación, en tanto puja distributiva, también es la expresión de una transferencia de recursos.

Según el informe de APYME “¿Quiénes nos aumentan?”, el sector empresario PyMe da cuenta que más allá de la situación internacional que impacta en su estructura de costos, otra razón del incremento de los mismos viene dada por la posición dominante de los proveedores de insumos. En este sentido, la puja distributiva también se verifica hacia dentro de las facciones del capital. En esta línea, dicho informe da cuenta de la ausencia de programas oficiales que apunten a resolver esta cuestión. De esta forma, se profundiza la estructura productiva heterogénea, en la cual se cuenta con un sector primario que es fuente de divisas vía exportaciones (y se beneficia por una moneda devaluada) y con un sector manufacturero que tiende a ser demandante de divisas debido a que gran parte de sus insumos se encuentran dolarizados o directamente son importados. Otro aspecto interesante del informe de APYME, es que el peso de los salarios no justifica incremento de los precios de los bienes finales, ya que dichas retribuciones han crecido por debajo de otras variables.

En este marco de puja distributiva, los sectores asalariados que se encuentran sindicalizados han logrado incrementos nominales (en su mayoría) entre el 40% y el 60%. Sin embargo, aquellas ramas que han logrado aumentos por debajo del 50%, por lo general se encuentran en instancias de renegociación de paritarias ya que la acumulación acumulada de los primeros 4 meses del 2022 ha superado ampliamente a las cuotas pactadas. Es decir, que en este marco de altos niveles de inflación los gremios se ven obligado a tener paritarias cortas debido a que la inflación proyectada es menor a la efectiva. Por otro lado, el gobierno se vio obligado a incrementar el salario mínimo vital y móvil debido a que ha quedado fuertemente rezagado al incremento general de precios.

En términos de herramientas de política económica con las que cuenta el Estado, se puede mencionar a los cupos de exportación y las retenciones (los cuales establecen mecanismos que obliga a los productores del sector primario a desacoplar los precios internos respecto a los internacionales para poder vender). Por otro lado, el Estado cuenta con la capacidad de imponer controles de precios, los cuales existen en países tan liberales como EE. UU. También existen instancias de control de mercado de capitales y comercio exterior que pueden incidir en los precios internos de los productos, es por esto por lo que la administración y control del transporte del Río Paraná y la expropiación (legitima) de Vicentín crearía las condiciones pertinentes para que el Estado pueda administrar gran parte de las divisas generadas por las exportaciones y tener una empresa testigo en el mercado cambiario. Todas estas herramientas tienden a bajar los precios internos (respecto a los internacionales), lo que repercute en un incremento del consumo (por lo tanto, incremento de la tasa de ganancia vía cantidades y no vía precios), fomenta una fuente de financiación del Estado el cual también debería contribuir, por un lado, a subsidiar a los precios internos de servicios de los insumos básicos de procesos de producción (sector energético y agua) y, por otro lado, ejecutar políticas de ingreso que generen recuperación del poder adquisitivo.

El problema de la inflación amerita resoluciones de carácter estructural, lo que implica ir en contra de los factores de poder cuya acumulación de capital son las causas más gravitantes de la inflación. Es decir, corregir las distorsiones de precios relativas, es ir más allá de la mera relación cambiaria entre el peso y el dólar y la aplicación de las insípidas políticas del consenso, que parecen no tener más efectos por fuera del almuerzo en el cual se llevan a cabo.