Lo viene prometiendo desde 2014. Lo repitió en su campaña electoral en 2015, con eje en el Plan Belgrano para el norte del país. Y a un año de ser Presidente, tras el último retiro espiritual de su gabinete, Mauricio Macri tuvo que relanzar su intangible plan de infraestructura como parte de los 100 objetivos de su alicaído gobierno.

Nuestra crítica de fondo a ese plan es que mantiene y profundiza la concepción capitalista de la obra pública como negocio privado. Por ejemplo, la ley del nuevo régimen de inversión público-privada (PPP) permite que el Estado se endeude a iniciativa de las empresas, les otorga importantes concesiones impositivas y financieras, y como si eso fuera poco acepta la jurisdicción extranjera en caso de litigio. O sea, es un traje a medida para las corporaciones.

En el mismo sentido, tanto el plan de nuevas autopistas como el plan ferroviario de cargas y el plan de transporte metropolitano prevén su concesión a privados. Lo mismo sucede con el plan energético 2016-2030 , que incluye concesionar la producción, el transporte y la distribución, o sea que seguirá el mal servicio, los cortes de luz y los tarifazos. Y también prometen desarrollar las energías renovables , pero mantienen a la multinacional Chevron y su fracking contaminante.

Además de estos cuestionamientos estructurales, Macri incumple su propio plan. Según la organización Chequeado, que no es de izquierda, el plan más ambicioso de la historia está demorado. En abril, Macri y la gobernadora Vidal anunciaron un plan de obras por $ 150 mil millones que crearía 100.000 nuevos empleos. Dicho plan bonaerense también está parado. Y el Observatorio de la UCA, que tampoco es de izquierda, acaba de informar que en el GBA el desempleo no sólo no se redujo sino que trepó al 11.2%.

La salida es la opuesta encarar un amplio plan de infraestructura, pero con criterio de utilidad pública y con mecanismos democráticos de control social sobre el presupuesto para evitar la corrupción. En vez de apelar al endeudamiento externo, los fondos necesarios para las obras se pueden obtener de suspender el pago de la deuda externa y de una profunda reforma fiscal para que paguen más lo que más tienen. Y dar prioridad a las necesidades sociales básicas planes de vivienda, cloacas y agua potable, prevención de inundaciones.

A la vez, hay que poner fin a esa pesada herencia del menemismo que son las privatizaciones. Es ridículo seguir con lo que ya fracasó. Nuestra propuesta es rescindir los contratos de concesión y reestatizar los recursos y los servicios con control de sus trabajadores y usuarios, desde la energía y el petróleo hasta los ferrocarriles y el subte. Entre subsidios y ganancia privada nos ahorraríamos fortunas, que podemos destinar a fines sociales. Sólo así las inversiones de infraestructura, tan necesarias y postergadas, irán en beneficio del pueblo trabajador y no de los grandes capitalistas, socios del gobierno de turno.