Hablar del debate sobre la legalización del aborto parece ser un oxímoron. Al menos, si entendemos por “debate” la confrontación de argumentos entre distintas posiciones con la perspectiva de arribar a un mejor entendimiento de las mismas y, tal vez, a potenciales acuerdos.

En el mejor de los casos, los oponentes pueden acordar en la necesidad de ciertas políticas que, indudablemente, son atinentes al asunto pero que no tratan la cuestión de fondo que vuelve a la discusión intelectualmente interesante. Por ejemplo, es posible imaginar a un activista “pro-vida” promoviendo coherentemente  la aplicación efectiva de la ley de educación sexual integral vigente y, además, defendiendo la distribución de anticonceptivos gratuitos.  De este modo, dicho activista estaría aceptando dos de las tres consignas históricas del movimiento “pro-decisión”, a saber, las que exigen “educación sexual para decidir” y “anticonceptivos para no abortar”. El problema radica, obviamente, en la tercera consigna: “aborto legal para no morir”. 

Dicho esto, en esta columna quiero llamar la atención sobre una estrategia argumentativa, empleada por los defensores de la legalización del aborto, que consiste en suponer que el corrimiento de la discusión hacia un problema de salud pública torcería la balanza de razones a favor del activismo “pro-decisión”.

Esta estrategia, que destaca la cantidad de mujeres que anualmente mueren por abortos clandestinos y exige al estado una respuesta, no advierte que las agrupaciones “pro-vida” también reconocen y promueven la aplicación de políticas públicas específicas para atender ese problema. Esgrimir la carta de la salud pública no permite resolver el debate, como pretendería el activismo “pro-decisión”, dado que lo que está puesto en discusión, en última instancia, es el posicionamiento respecto del valor que debe otorgársele al embrión (o inserte aquí la categoría biológica que le plazca). Es este posicionamiento el que habilita una u otra respuesta ante el problema sanitario.

Si se cree que aquello que está gestándose en el vientre de una mujer tiene un valor especial y debe ser preservado, nunca podría aceptarse que el Estado tome parte en su destrucción. Podría aceptarse, en cambio, una batería de políticas que tiendan a reducir la cantidad de abortos (educación sexual, distribución gratuita de anticonceptivos, apoyo financiero y psicológico a futuras madres, etc.) o la creación de salas de emergencia que atiendan a aquellas mujeres cuya vida corre peligro tras haber practicado un aborto.

En otras palabras, el activismo “pro-vida” no se aparta del problema sanitario y se ha esforzado en evitar que se identifique su posición con una defensa encubierta de las desigualdades estructurales vigentes que condenan a las mujeres pobres a morir.

Si, por el contrario, se afirma que el embrión carece de valor, la propuesta sanitaria evidente ante el aborto clandestino será la legalización. Por supuesto, la valoración del embrión no tiene porque reducirse a dos posiciones. Puede sostenerse que el embrión tiene un valor a ser preservado pero que en ciertas ocasiones debe destruírselo para dar lugar a reclamos más urgentes (por ejemplo, cuando la vida de la madre está en riesgo o cuando el embarazo es fruto de una violación).

Como puede verse, la estrategia de llevar la discusión al ámbito sanitario no permite alejarse del problema central del debate sobre el aborto, a saber, la valoración que debe hacerse del embrión. Este asunto no puede resolverse mediante ningún debate parlamentario ni apelando a algún consenso de la comunidad científica en torno al comienzo de la “vida”.

Podría afirmarse que dada esta imposibilidad, la valoración del embrión debe ser una materia de decisión personal y que cualquier intento por legislar sobre ello derivara en una imposición de una creencia particular sobre el conjunto de la sociedad. Sin embargo, cuando lo que se discute es la legalización del aborto, nos preguntamos sobre el tipo de acciones que el Estado puede o no puede realizar. Cualquier respuesta a dicha pregunta implicará un posicionamiento respecto de la valoración del embrión que, invariablemente, será leído como una imposición inaceptable por una parte de la sociedad.

Cabe señalar que debates como los que tuvieron lugar en torno al divorcio y, más recientemente, al matrimonio igualitario, son significativamente diferentes al del aborto. En aquellos, resultaba claro que se discutía sobre una decisión voluntaria entre personas autónomas y que el Estado debía ser neutral respecto de su plan de vida (independientemente de los esfuerzos oscurantistas de la iglesia católica). En este, la cuestión radica en el status moral de una entidad y su posible condición de tercero afectado por la decisión voluntaria de una persona autónoma.

En su intervención en la comisión de diputados que discute sobre la interrupción voluntaria del embarazo, Dario Sztajnszrajber sostuvo que debe ofrecerse una propuesta política y no metafísica sobre el problema. Esta distinción, como trate de señalar, es imposible. Cuando se trata de aborto debemos preguntamos, indefectiblemente, sobre el valor de aquello que va a destruirse y su importancia relativa a otras demandas importantes, entre las cuales se destaca el poder de decisión de una mujer sobre su cuerpo.

                                                                                                                           *Adscripto a Etica (FFyL - UBA), ex becario CIN, investigador en la ética del pacifismo.