Desde la primera semana de Enero de 2019 asistimos a una multiplicación de protestas que expresan el malestar social frente al nuevo aumento de las tarifas de servicios públicos, las naftas y el transporte, en el marco de un calor agobiante, casi tanto como la temperatura de la inflación de los alimentos y demás precios de la economía.

Los “ruidazos” tienen como igual denominador la crítica al modelo económico y social del gobierno de Cambiemos, y emergen en un marco de conflictividad social en aumento, con actores movilizados por demandas sectoriales como la economía popular o los gremios docentes, ambos en franca resistencia frente a las políticas neoliberales del gobierno macrista. Pero también suceden en un escenario de notable ausencia de la CGT y sus representantes en la defensa de los intereses de la clase trabajadora, la cual es una de las principales víctimas de los tarifazos en particular y del ajuste estructural de la economía en general. 

Un elemento significativo es el rol de la oposición legislativa y de los intendentes en relación a las tarifas y en su capacidad de imponer un límite concreto al avance de las políticas de ajuste. Las diferentes acciones coordinadas en relación a este tema, como las redes multisectoriales, los amparos colectivos y los intentos de sancionar leyes que retrotraigan el costo de las tarifas, son estrategias de unidad que permiten poner un freno efectivo al gobierno de Mauricio Macri. Y a su vez, instalan en el debate público la necesidad de comprender a  los servicios públicos como un derecho humano, un bien común fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. El acceso a la energía, al agua y al transporte público dista mucho de ser “un lujo” como se quiere instalar desde el discurso oficial, y se constituyen en un derecho fundamental de cada ciudadano y ciudadana.

Por otro lado, las movilizaciones, cortes de calles y ruidazos fueron impulsadas territorialmente por diferentes representaciones sociales y políticas, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, pero también en diferentes ciudades y localidades del interior del país. Esto expresa un sesgo local y comunitario de los conflictos, pero que se articula de abajo hacia arriba a partir de la demanda que unifica las diferentes acciones. El carácter federal del ruidazo es un elemento sustantivo de esta nueva ola de protestas, que claramente desanda el argumento de la aumento de tarifas como un problema de la clase media urbana. Este entramado organizacional que precede, sustenta, y garantiza los ruidazos en diferentes puntos del país, se ve legitimado por la capacidad de convocatoria que generan en los vecinos y vecinas de los diferentes barrios del país. El calor y los cortes de luz sistemáticos, hacen su parte.

Este carácter de federalismo desde abajo (lo comunitario) hacia arriba (lo nacional), es una característica que merece atención, sobre todo de los gobiernos locales que tienen algún tipo de responsabilidad respecto de los servicios públicos. Los municipios, que son la primera trinchera frente a los conflictos sociales, se encuentran frente una nueva agenda de demandas que no se resuelve con planes sociales. De hecho, una parte de los y las Intendentes de la Provincia de Buenos Aires ha tomado la iniciativa interponiendo un recurso de amparo para que no se apliquen los tarifazos a los habitantes de la provincia. Y esto es interesante para analizar el famoso vínculo entre “el palacio y la calle”. La articulación de la protesta social con la política partidaria no es ninguna novedad, aunque como se dijo en varias oportunidades, la permeabilidad de la política legislativa con las demandas de la sociedad civil movilizada es una característica de estos últimos años. Lo vimos con el debate por la reforma previsional, que si bien no logró frenarla, si interpuso un límite a las otras reformas estructurales que en su momento el oficialismo quería instalar.

Ahora bien, la demanda por las tarifas de los servicios tiene la potencialidad de convocar como mostramos a todo el arco político y social, desde las organizaciones de defensa del consumidor, las organizaciones vecinales, los movimientos de la economía popular, organizaciones de pequeños productores, los gremios hasta las organizaciones de derechos humanos, los partidos políticos, etc. En un año electoral como el 2019 esto tiene el condimento de permitir el encuentro de todo el arco opositor tras una misma consigna. Si bien la “unidad” difícilmente se articule a partir de un solo reclamo, si puede ser un punto de partida. La articulación en la calle y en la protesta, genera esperanzas. La capacidad política de construir consensos y alternativas es todavía una quimera.

Y en este sentido, así como los feminismos han logrado instalar sus agendas en el sistema de partidos obligando a todas las organizaciones a incorporar sus demandas y reclamos en sus discursos y programas, los “ruidazos” obligan al sistema político a  discutir cuestiones estructurales del modelo económico neoliberal. A pesar de los intentos macristas de organizar la disputa electoral a partir del clivaje “transparencia - corrupción”, recurriendo al voto emocional y de confianza, la cuestión económica se cuela por la ventana a partir de la movilización social. Es fundamental para la oposición mostrar propuestas de salidas viables, que representen y canalicen este proceso de movilización política y social, y que expresen otro modelo de país y de sociedad.       

*Doctora en Ciencias Sociales UBA - Docente Investigadora Área  Estado y Políticas Públicas - FLACSO Argentina