Jujuy y los límites de la democracia en la Argentina que viene

“En política no vale todo” es una frase hecha que la oposición al peronismo ha convertido en una especie de bandera de sentido común, trazando una supuesta línea moral entre un “ellos” (corruptos, mentirosos, autoritarios, déspotas, mesiánicos, kirchneristas, peronistas, etc.) y un “nosotros” (honestos, moralistas, trabajadores, dialoguistas, etc.).  Esa falsa idea dicotómica, entre quienes no tienen límites en su ambición de poder político y quienes buscan cambiar esa forma de gobernar y ejercer el poder, fue vergonzosamente puesta en la agenda nacional por la cúpula de Juntos por el Cambio como explicación a los hechos violentos acontecidos en Jujuy a partir de la represión del gobierno de Gerardo Morales a las protestas en contra de la reforma constitucional y por aumentos salariales. La maniobra política de la oposición no sólo desconoce, oculta y tergiversa intencionalmente los hechos, sino que también esquiva su frase hecha sobre que en política no todo vale.

La conferencia de prensa de la mesa nacional del frente tal vez hoy mejor posicionado para convertirse en gobierno a partir del 10 de diciembre deja señales de alerta y tanto peligro hacia adelante como el accionar represivo y político del gobierno jujeño. En cómo se resuelva este conflicto, mucho más profundo que las simplificaciones que circulan en las interpretaciones de los grandes medios y alguna dirigencia política, se juega buena parte de lo que pueda venir en la Argentina del 2024. Política y democracia entran riesgosamente en tensión y es preciso aclarar algunos tantos.

QUIENES PROTESTAN Y POR QUÉ

Lo primero a resaltar sobre los acontecimientos en Jujuy es que distan muchísimo de la interpretación que pretende instalar JxC sobre que se tratan de un intento golpista por parte de organizaciones kirchneristas y de izquierda. Una protesta social de días de duración, en una veintena de puntos estratégicos de la provincia y una multiplicidad de actores sociales implicados no se sostendría si, además, no contara con un fuerte apoyo de la mayoría del pueblo jujeño.

La protesta no comenzó este fin de semana. Desde principios de mes los docentes jujeños, en el podio de los peores pagos del país junto con los santiagueños y los formoseños, vienen realizando concentraciones y movilizaciones en el centro de San Salvador reclamando un aumento salarial. Según el Informe Educativo del Salario Docente, publicado por el Ministerio de Educación de la Nación con datos de diciembre del 2022, un maestro o maestra de grado en la  provincia gana, con 10 años de antigüedad, $110.000. El básico docente, recién con los últimos aumentos, apenas alcanza los $52.000.

A los docentes jujeños comenzaron a sumarse las comunidades de Pueblos Originarios, que también comenzaron a protestas bastante tiempo antes de este fin de semana en las principales rutas de la provincia contra la reforma constitucional. Esas protestas, en principio, eran al costado de las rutas y no se impedía el tránsito vehicular. Las comunidades reclaman que en la nueva Carta Magna no garantiza su derecho a mantener sus culturas, sus formas de vida y a participar en las decisiones políticas que los afectan. La disputa por el articulado de la nueva constitución tiene de fondo la cuestión de si la provincia podrá o no decidir sobre las tierras que habitan las comunidades sin tener en cuenta las posiciones de los PuebloS Originarios que no fueron recibidos para ser parte de la discusión.

Morales tuvo que retroceder en un par de artículos que legislaban sobre la propiedad privada de las tierras, y depositaba en el Estado provincial la autoridad para “reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Con la caja de pandora abierta, el retroceso no fue suficiente y hoy las comunidades reclaman que caiga integralmente la reforma y que se las convoque para discutir el destino de sus territorios ancestrales.

Envalentonado por el resultado electoral de principios de mayo, Morales avanzó a toda máquina con una reforma que, evidentemente, no cuenta con una legitimidad popular para ser implementada. Eso llevó a que más sectores se fueran sumando a las protestas a medida que el conflicto crecía, y así se conformó la Intergemial, un agrupamiento de sindicatos que recorre un variado arco de trabajadores del sector público y privado: el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom), castigados por los bajos salarios provinciales; la Asociación de Personal de Organismos de Contralor (Apoc), que impulsa el rechazo a la eliminación en la nueva Constitución del Tribunal de Cuentas, único organismo que se elimina en la nueva Carta Magna y que sería reemplazado por una auditoría de alcances limitados, lo cual pone un manto de dudas sobre la administración pública hacia adelante; la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap), la Asociación de Docentes e Investigadores de la Unju (Adiunju), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), embanderados con el reclamo educativo en la provincia. La Asociación Bancaria, sindicatos mineros, la CTA y la CGT provincial se sumaron también a los reclamos.

Además de condiciones particulares por sector, los trabajadores reclaman por el cercenamiento al derecho a la protesta social, del cual Morales hizo una bandera incluyendo una prohibición en la nueva Constitución del corte total de rutas. Esto es interpretado como una reducción de derechos laborales y sociales por los sindicatos, y aquí reside una de las principales trabas del conflicto puesto que el gobernador expresó que no piensa retroceder en este punto.

Más allá de las cuestiones particulares, lo que queda más que evidenciado es que las protestas en Jujuy no son provocadas por un grupo de militantes políticos revoltosos y anti democráticos, como pretende instalar JxC, sino que recogen una multiplicidad de reclamos sociales variados, de diferentes sectores y con buena cuota de razón en sus planteos. La simplificación mediática de emparentar las protestas con el kirchnerismo y Milagro Sala, detenida hace 7 años por Morales en un proceso muy poco apegado a los derechos constitucionales, y la utilización política del gobernador de los hechos responsabilizando al Presidente y la vice por lo acontecido, son absolutamente inaceptables de plano simplemente porque no responden a la realidad, sino a maniobras electoralistas en tiempos de campaña. El gobierno nacional, lejos de mostrar una actitud de injerencia en el tema, recién comenzó a mostrar algunos pronunciamientos entre el domingo y el lunes, cuando el nivel de conflicto ya era insoportable, lo que choca de plano con el discurso de Morales y JxC. Mientras tanto, el pueblo jujeño sigue y seguirá en las calles, digan lo que digan los medios de comunicación porteñocéntricos.

LAS PROTESTAS Y CÓMO SIGUEN

Como se dijo, los docentes comenzaron hace semanas sus reclamos en San Salvador, así como también las comunidades lo hicieron fundamentalmente en el norte provincial, sobre la ruta 9 que atraviesa la Quebrada de Humahuaca. El viernes pasado se realizó en la ciudad la “marcha de las antorchas”, que sumó relevancia a los reclamos por la fuerte presencia ciudadana. Ya sobre el fin de semana y con la votación de la Constitución en puerta, el gobierno de Morales decidió comenzar a reprimir esas protestas pacíficas.

El sábado por la noche el epicentro se trasladó a algunos puntos de la Quebrada. Las comunidades que venían manteniendo los reclamos al costado de la ruta decidieron un corte parcial, que permitía cada 15 minutos el paso de vehículos. Testimonios de los cortes recogidos por este medio señalan que no se generó ninguna tensión en ellos, que las personas en tránsito manifestaban su apoyo a las protestas y hasta llevaban donaciones. Por la madrugada llegó la primera represión de la policía provincial y los primeros detenidos. En la mañana del domingo ya llegaron mayores dotaciones de las fuerzas a la zona, y para el mediodía se desató la represión más cruda, que se mantuvo a lo largo de la tarde y terminó con múltiples detenidos, desde miembros de las comunidades hasta estudiantes que reclamaban en el lugar. De ese momento fueron las imágenes más duras que empezaron a viralizarse el fin de semana.

Ante la indignación que provocó la represión policial, las protestas crecieron el lunes también en San Salvador y otros puntos, como la ruta 34 que comunica el este de la provincia y localidades importantes como Ledesma. Con ese contexto se llegó al día de la votación de la reforma, con una ciudad vallada y militarizada que anunciaba los acontecimientos que sobrevendrían. La ceremonia cambió de lugar y horario, y en un tratamiento express se aprobó la reforma mientras el pueblo jujeño era reprimido puertas afuera. La ceguera política del gobierno jujeño sólo llevó a que las protestas escalaran y la cuestión se nacionalizara, al punto de que se replicaran los reclamos este miércoles en la CABA.

Ante la falta de respuestas del gobierno provincial, los reclamos continúan y se intensifican. Este miércoles persistían más de 20 cortes en todas las principales rutas de la provincia y la Intergremial decidió una movilización en repudio a la represión y por la libertad de los detenidos. A las 15:30 habrá una gran concentración de los gremios docentes y  las 16:30 una conferencia de prensa en la plaza central, con una radio abierta a la ciudadanía. A las 18 se replicará la marcha de las antorchas en el centro de San Salvador. La CGT jujeña y la Intergremial decretaron paro y movilización para las próximas 48 horas y las asambleas de Pueblos Originarios ratificaron la permanencia de los cortes de ruta. El conflicto, lejos de disolverse, promete escalar y agravarse a medida que se van sumando sectores y el oficialismo jujeño no aporta soluciones.

LOS LÍMITES DEMOCRÁTICOS QUE NO SE PUEDEN CRUZAR

La represión de los últimos días en Jujuy, sobre todo la del martes, mostró situaciones intolerables para una democracia que cumple 40 años sin interrupciones en este 2023 y que costó mucha sangre argentina como para estar tan al filo de la navaja a cuatro décadas del fin de la última dictadura. En un triste paralelismo con lo que fue la represión en la CABA en 2017 tras la reforma previsional del macrismo, lo que se observó ayer en San Salvador fue una cacería indiscriminada por parte de la policía que violó múltiples derechos humanos y democráticos, y que fue tristemente celebrada por quienes se preparan para ser gobierno nacional en diciembre.

Unas 69 personas permanecían detenidas ayer por la noche en el penal de Alto Comedero producto de la razia policial. Entre ellos había varios menores de edad y personas con diagnósticos psiquiátricos. Ni menores de edad, ni personas con algún trastorno, ni nadie que sea detenido y no haya tenido un juicio acorde a las leyes puede ser derivado a un penal, como sucedió ayer en Jujuy. En la fría noche del invierno norteño, las familias de los detenidos esperaban tras los alambres del penal sin recibir prácticamente información. Se les solicitaba que entregaran certificados de discapacidad para acreditar las condiciones de sus familiares detenidos ilegalmente. Se les decía que recién hoy por la mañana podrían recibir algo más de información y llevarles cosas, pero no ver a sus familiares. Todo esto quedó registrado por la televisión nacional y los propios testimonios de los protagonistas en las redes sociales.

La razia que terminó con esas detenciones mostró irregularidades de todo tipo, también registradas por las cámaras y los celulares. Autos y camionetas sin patente deteniendo ciudadanos por las calles de la ciudad, entrando con ellos al penal y saliendo sin ninguna explicación, en una triste remake de los Falcon verdes que quedaron como símbolo de la última dictadura. Policías entrando sin órdenes judiciales a domicilios, rompiendo las propiedades y deteniendo ciudadanos por las calles sin ninguna explicación. Los testimonios de personas detenidas que simplemente estaban en la calle y fueron aprendidas porque sí  se multiplican, llegando al paroxismo con Cristian, un joven turista que ante su detención gritaba “estoy de vacaciones” y al cual le tapaban la boca para que no pudiera dar su nombre frente al as cámaras.

A esto se suman las múltiples imágenes de la policía actuando en forma ilegal, por ejemplo arrojando piedras a los manifestantes como si se tratara de un enfrentamiento entre bandas. También, y contrastando los dichos de JxC sobre la responsabilidad del kirchnerismo, se registraron casos e imágenes de la policía apañando a infiltrados para que destruyeran propiedades y luego responsabilizar a los manifestantes para justificar la represión. Los infiltrados fueron una constante en estos días según los relatos y los registros que llegan desde Jujuy, tanto en San Salvador como también en los cortes de las comunidades sobre las rutas.

En paralelo a estas irregularidades, resalta la violencia policial. La montada corriendo a las multitudes al mejor estilo Plaza de Mayo el 19 y 20 de diciembre del 2001, y una de las peores imágenes de la jornada, que fue la de un manifestante en el suelo con su cabeza bañada en un charco de sangre producto del impacto de un cartucho de gas lacrimógeno arrojado por la policía. Por la misma causa murió hace casi dos décadas otro docente que luchaba por sus derechos, Carlos Fuentealba. Las reminiscencias a esa Argentina de principios de los 2000 donde la protesta social se molía a palos deberían resultar inaceptables en el país que viene.

DE “UNIR A LOS ARGENTINOS” A “CÁRCEL O BALA”

La dirigencia macrista, corrida por derecha por la emergencia de Javier Milei, se acerca cada vez más a posiciones antidemocráticas indefendibles. La falsa dicotomía entre reformas que pueden ser parte de la discusión democrática y la protesta social esconde una intencionalidad política: preparar el terreno para que, en caso de ser gobierno el 10 de diciembre, lo que no cierre con acuerdos cierre con represión. La falta de reflejos y la sobreactuación de una pose de firmeza y persecución del orden dejan en evidencia a un sector político que debería estar pensando otras estrategias si quiere impulsar un cambio realmente posible y sustentable en el país. Sin embargo, el discurso, la promesa del macrismo, pasó de ser “unir a los argentinos” en el 2015 al “cárcel o bala” de la flamante incorporación del frente opositor, José Luis Espert, quien aplicó su fórmula también a los hechos acontecidos en Jujuy.

Lo cierto es que las protestas jujeñas no las dirigen ni las encabezan los infiltrados e insurgentes bolivianos que denunció Miguel Ángel Pichetto ni los kirchneristas enviados desde la capital por no se sabe qué conspiración que lanzaron livianamente Larreta, Bullrich y Morales. El gobernador quedó expuesto al publicar una foto de supuestos militantes kirchneristas del conurbano en Jujuy, que tuvo que borrar al rato cuando se conoció que la foto es del año pasado.

Además, prima un razonamiento elemental en esta cuestión. Si Milagro Sala desde la cárcel o el kirchnerismo desde el AMBA tuvieran la capacidad de generar semejante crisis política en la provincia, de mínima hablaría de una pésima gestión política de Morales, y de máxima abriría la pregunta de por qué el oficialismo lleva casi 8 años de gobierno sin que lo desestabilicen.

La respuesta es más simple y superficial. Las condiciones de vida en Jujuy distan mucho para mucha gente de la provincia reformada que vende Morales en los medios nacionales. Los docentes y los estatales cobran salarios de miseria, y las comunidades de Pueblos Originarios no son respetadas en sus derechos fundamentales. Todo eso es el caldo de cultivo sobre el que brota la protesta ciudadana que hoy copa la provincia y se derrama sobre el país. La dirigencia opositora debería abandonar sus slogans vacíos y comprender que, en la Argentina que viene, la tramitación de las diferencias no puede darse siquiera bajo la amenaza de represión. Porque, independientemente quien gobierne desde  el 10 de diciembre, las urnas arrojarán una dispersión social que requerirá de una inteligencia y creatividad política muy alejadas del cálculo electoralista de referentes que se tildan de dialoguistas pero defienden los palazos si así lo sugieren algunas encuestas.

El mensaje hacia adelante resulta muy peligroso. El país deberá, indefectiblemente, discutir muy a fondo su rumbo en el gobierno que viene, gobierne quien gobierne. A 40 años de la recuperación democrática, debería ser un saldo de la sociedad argentina que esa discusión no puede darse en los términos que el gobierno jujeño planteó para esta cuestión y que la coalición opositora avaló en cadena nacional.