Mientras el consumo de celulares en Argentina cae —de 8,5 millones de unidades en 2023 a 6,5 millones en 2024—, el Gobierno nacional avanza con el Decreto 333/2025 que promete una reducción de precios en el sector electrónico. Celulares, televisores, consolas de videojuegos y aires acondicionados son los rubros alcanzados por esta profunda reforma arancelaria e impositiva. Ya en la previa a la publicación del decreto, el anuncio oficial de la batería de medidas generó tensión en Tierra del Fuego, la principal base de producción electrónica del país.

Según el Decreto, los aranceles para celulares importados bajarán del 16% al 8% hasta enero de 2026, y luego se eliminarán por completo. En el caso de las consolas, pasarán del 35% al 20%. También se reducirá el impuesto interno del 19% al 9,5% para importados, y del 9,5% al 0% para productos fabricados en Tierra del Fuego.

En celulares —núcleo del anuncio— la combinación de rebaja arancelaria e impositiva podría traducirse en una reducción de precios significativa para el consumidor. En televisores y aires, se espera una baja más moderada. Para las consolas, se prevé una reducción de precios moderada, mientras que no se esperan efectos sobre el empleo nacional, debido a que se importan 100% ensambladas.

El problema aparece en otro plano: la producción nacional. El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego —vigente desde 1972 bajo la Ley 19.640— otorga beneficios aduaneros e impositivos para atraer industria y población a la isla, como la exención de IVA, de impuestos internos y de aranceles para la importación de partes. Sin embargo, la eliminación escalonada de aranceles a celulares desdibuja uno de sus principales diferenciales: competir con el producto terminado importado. Si el costo de traer un celular ensamblado del exterior resulta más bajo que producirlo en la isla, el incentivo a fabricar localmente desaparece.

El dato es contundente: en el sector de celulares trabajan casi 10.000 personas, aproximadamente un cuarto del empleo total ligado al Régimen fueguino. Según un informe del Instituto Argentina Grande, si el diferencial fiscal que todavía se sostiene (Exención de IVA e impuestos internos) no alcanza para sostener la competitividad, las empresas podrían reconvertirse en importadoras. Pero implicaría miles de puestos laborales en riesgo (se habla de 6.000), el desmantelamiento de capacidades productivas, y la pérdida de uno de los esquemas de política industrial más duraderos —y más costosos— del país.

Existen numerosas críticas en torno al costo que representa para el Estado la exención impositiva a las empresas bajo el Régimen fueguino. Según un informe de Fundar, el gasto tributario asociado a este Régimen alcanzó, en su punto máximo, el 0,4% del PBI. Actualmente, el IAG informa que dicho gasto se encuentra en el 0,18% del PBI. Estas variaciones están directamente relacionadas con los vaivenes del mercado de consumo de productos electrónicos, cuyo pico se dio durante el kirchnerismo, y que como se ha mencionado en el segmento celulares, ha venido en declive con la recesión de 2024.

Pero las medidas incluidas en el Decreto 333/2025 no pueden justificarse en función del ‘’alto costo’’ que el Régimen implica al Estado argentino, ya que, la medida provocará una disminución de la recaudación, no un aumento. Según el informe del IAG, se estima una perdida fiscal de entre 200 y 250 millones de dólares como consecuencia de la reducción impositiva. Aunque si los consumidores migran hacia productos importados (que tributan IVA, a diferencia de los fueguinos), podría haber algún nivel de compensación, de cualquier modo el resultado es incierto.

El secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, advirtió esta semana que: “Aquí hay un núcleo de trabajadores muy importante, desarrollado, que viene realizando tareas de distintas actividades y que ha logrado, entre otras cosas, durante la época de la pandemia, poder producir en modo inmediato y de carácter urgente respiradores para poder dotar al país de este elemento tan esencial e incluso para exportarlos” (Fuente: Sur54, 15/05/2025). Tener industria nacional es muchas veces más que sólo su producción. Es independencia frente a los conflictos del mundo.

El paro por tiempo indeterminado iniciado por la UOM en Tierra del Fuego tuvo un nivel de acatamiento casi total. Se estima que más de 7.000 trabajadores de la provincia se ven afectados con la medida que anunció el gobierno nacional. La advertencia sindical señala que el gobierno avanzó sin diálogo ni plan de transición.

El antecedente inmediato tampoco ayuda. En noviembre de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, se eliminaron los aranceles del 35% para computadoras, notebooks y tablets. Si bien al principio los precios bajaron un 21%, para mediados de 2018 el descenso neto era apenas del 5%. En paralelo, se desmanteló la producción nacional: en 2014 se fabricaban más de 700.000 notebooks por año en Tierra del Fuego, y para 2018 ya no quedaba ninguna en producción.

¿Y los aires acondicionados? El diagnóstico es menos grave. Si bien se reduce el impuesto interno para importados, también lo hace para los fabricados localmente, por lo que se conserva un diferencial del 9,5% a favor de la producción nacional. Según el IAG, esto podría permitir sostener parte de la producción en un mercado que depende de la reposición estacional y no del recambio tecnológico rápido, como ocurre con los celulares.

El Gobierno justifica la medida como una corrección frente al absurdo de que “un argentino pueda viajar a Chile, pagar un avión y un hotel, y aun así comprar un celular más barato que en el país”. Así lo planteó el vocero presidencial Manuel Adorni, como parte de la argumentación oficial sobre el “costo argentino”. Pero la solución —una apertura sin red— ya se ensayó antes, y dejó más heridos que ganadores.

En este tablero entra también un jugador conocido: Mirgor, la mayor empresa del sector en Tierra del Fuego, con operaciones en electrónica de consumo, autopartes y tecnología. Fundada por Nicolás “Nicky” Caputo y Mauricio Macri (abandonó el directorio en 1996), Mirgor es también parte del entramado familiar del poder actual: ‘’Nicky’’ Caputo es primo del ministro Luis “Toto” Caputo y tío del asesor presidencial Santiago Caputo. Según versiones recogidas por medios nacionales, se habría activado el lobby preferencial hacia funcionarios nacionales.

¿Vale la pena sostener este régimen? Como se ha mencionado, el Régimen representa un gasto tributario que puede llegar a ser alto en momentos de elevado consumo e implica un aumento en el precio para el consumidor en un sector estratégico como la tecnología. Además, desde Fundar se informa que cuenta con una baja integración local de componentes y escasos encadenamientos industriales. Pero se advierte también que el problema más grave no es el Régimen en sí, sino el vaivén de políticas. La falta de continuidad, planificación o reconversión ordenada termina destruyendo capacidades construidas a lo largo de décadas. Y esa pérdida no se recupera fácilmente. Cualquier cambio de un régimen que afecta a tantos trabajadores, en un contexto en el cual es atendible su modernización y actualización, requiere de mesas de trabajo entre trabajadores, empresas y gobiernos involucrados. No de decisiones del bureau central. Para poder avanzar en un cambio de esta envergadura, se requeriría un plan industrial alternativo y una mirada geopolítica que evite poner en riesgo una historia de esfuerzos.

Por ahora, la historia tiende a repetirse: rebajas para bajar precios en años electorales, promesas de eficiencia, discursos de competitividad. Pero también riesgo de desindustrialización silenciosa, pérdida de empleo calificado y abandono de territorios estratégicos que dependen de la política industrial para no vaciarse. Lo que se desarma en seis meses, tarda décadas en volver. Optimizar o reconvertir un Régimen con más de medio siglo de funcionamiento, requiere de una política pública mejor pensada para no afectar la vida de las familias, por lo menos. Y en esa cuenta, entre ahorro fiscal y daño social, no se juega solo un régimen de promoción: se juega un modelo de desarrollo.

*En colaboración con Jerónimo Rueda. Investigadores del Instituto Argentina Grande (IAG) | X: @hernanpablo | @ruedajero | @iargentinag