Más de tres décadas de planes sociales destinados a atender la situación de los sectores más vulnerables parecerían no haber dado fruto. El incremento de la pobreza parecería convalidar esta afirmación. No obstante, su eliminación parecería ser algo imposible con un nivel de pobreza cercano al 50% de la población. Desde una perspectiva realista, la erradicación de los planes implicaría dos escenarios posibles y concomitantes: el incremento de la pobreza y la marginalidad, por un lado; y por otro, un aumento del conflicto social.

El problema del realismo, a veces, es la propia realidad. ¿Cómo financiar el asistencialismo? Aquí la cuestión pasa por cómo obtener recursos para sostener la política pública. Como dijo Thatcher en una conferencia partidaria de 1983, “no existe el dinero público, existe solamente el dinero de los contribuyentes”. Detrás de lo material existe una discusión más profunda sobre las razones por las cuales los ciudadanos deberían financiar con sus impuestos este tipo de planes, o puesto de otra manera, pensar por qué una sociedad opta por aplicar una política redistributiva de recursos.

El comunitarismo ofrece una interesante perspectiva sobre cómo funcionan las sociedades. Michael Sandel, por ejemplo, entiende que la justicia debe cimentarse sobre valores y prácticas existentes en una sociedad. De esta manera, lo que aparece reflejado en el corpus legal no es más que la cristalización de estos elementos compartidos mancomunadamente.  El asistencialismo a través de planes sociales sería, desde esta vertiente, una posición moral adoptada por una comunidad que decide ofrecer una ayuda económica para quienes no pueden valerse por sus propios medios o aún pudiendo hacerlo, sus ingresos son insuficientes como para alcanzar un mínimo deseado.

El planteo moral también puede darse también desde un lugar liberal. Rawls planteaba una igualdad de libertades básicas y de oportunidades como punto de partida para una sociedad justa. Estos principios se sostienen a partir de un ejercicio intelectual en el cual los miembros de la sociedad se preguntan bajo qué instituciones desearían vivir mientras que al mismo tiempo desconocen el lugar efectivo que ocuparan en la sociedad, su ideología, orientación sexual, visión filosófica y religiosa, o grupo étnico.  Frente a esta situación, el filósofo norteamericano apuesta por un criterio maximino de maximización del mínimo en el cual las libertades básicas sean tan extensas como sean compatibles para los demás (Primer Principio de Justicia) y al mismo tiempo las desigualdades sean atendibles siempre y cuando impliquen un beneficio para los menos aventajados (Segundo Principio de Justicia) y las posiciones sociales estén abiertas a todos los integrantes. En otras palabras, la teoría de la justicia rawlsiana prescribe una igualdad de puntos de partida, pero también un sistema de redistribución de ingresos destinado a atender la situación de los más vulnerables.

Las críticas recibidas por Rawls permiten pensar un correcto que también es útil para para reflexionar sobre los planes sociales. Ronald Dworkin considera que debe distinguirse entre la suerte bruta y la suerte de opción.  La primera corresponde a una persona que luego de un terremoto perdió su vivienda o negocio y, por lo tanto, requiere asistencia económica para poder salir adelante. Un ejemplo de la segunda correspondería a un individuo que ha perdido todo su capital tras apostar en una carrera de caballos o en una especulación bursátil. Bajo la perspectiva de Dworkin se combina un elemento moral junto con la responsabilidad individual a la hora de evaluar quien puede ser acreedor de la ayuda social.  Quizás el problema estribe en saber cuando es posible adjudicar completamente el resultado de una acción al sujeto actuante y deslindarlo de otros factores como la coyuntura o las posibilidades reales.

Ofrecidos los argumentos en favor de los planes sociales caben presentar dos cuestiones adicionales. ¿Cómo implementarlos? Y ¿Por cuánto tiempo? Posiblemente las respuestas sean menos independientes de lo que pensamos. Su implementación debería ser a través de instituciones públicas y transparentes, garantizando el beneficio a todo aquel que lo requiera. Esto implica facilidad de acceso a los trámites requeridos, oficinas de gestión accesibles y dificultar el uso político y clientelar de las asignaciones.

La cuestión del tiempo quizás sea la más difícil de resolver. Es claro que estas asignaciones no deberían transformarse en un modus vivendi puesto que, de ser así, la propia sociedad debería plantearse la pregunta sobre las posibilidades de supervivencia que ella misma otorga.  Por este motivo, los planes deben ser una solución de corto plazo y ofrecer oportunidades de resiliencia para quienes los requieran. Estas opciones pueden presentarse en forma de capacitaciones o beneficios para las empresas que contraten a los beneficiaros de los planes. Involucrar al sector privado tiene dos beneficios directos. En primer lugar, disminuye el costo de la implementación de la política pública al tiempo que ofrece una salida laboral inmediata. En segundo lugar, compromete a la misma sociedad en la asistencia de personas en situación de vulnerabilidad.  No existen buenos o malos planes sociales, solamente una sociedad que piensa en un plan para resolver instancias de contingencias.