El viernes 25 de mayo en Irlanda se celebró un referéndum sobre la legalización del aborto. El sí ganó claramente, con más del 66 por ciento de los votos. Irlanda, país tradicionalmente católico, ha cambiado mucho en las últimas décadas, como la Argentina. Ambos países han tenido legislaciones muy restrictivas respecto a la cuestión de la interrupción del embarazo (la irlandesa lo era aún más que la nuestra), pero las nuevas generaciones exigen cambios. En este punto, la realidad del país europeo no difiere grandemente de la que ha salido a la luz entre nosotros, gracias al debate en la Cámara de Diputados. Las mujeres irlandesas que no quieren continuar su embarazo se ven obligadas a recurrir a la clandestinidad o bien a viajar a los países vecinos (Inglaterra u Holanda, por ejemplo). Todo depende de los recursos con que se cuente.

Al día siguiente del referéndum irlandés, cuando el resultado era incontestable, entendí que en nuestro país solo iba a darse un giro histórico si la sociedad civil, articulada en sus distintas organizaciones y la sociedad en general hacían sentir su voz. Por suerte, eso fue lo que pasó: la gente –sobre todo, las mujeres– salieron a la calle, unas para expresar su rechazo, otras –y estas eran mayoría– para manifestar su adhesión al nuevo proyecto. Sin ese apoyo, muchos diputados se hubiesen mantenido en la postura que tenían al comienzo, la del no. Insisto: fue gracias a ese respaldo que muchos legisladores vieron la ocasión de votar por el sí, no importa ahora si en el fondo era cálculo oportunista o íntima convicción. Estoy seguro de que si en Argentina se hubiese realizado un referéndum, la cifra final habría igualado a la irlandesa.

Aún nos queda camino por delante; por lo pronto, que el proyecto obtenga la sanción definitiva del Senado. Esto no debería ser un mero trámite, sino una ocasión para terminar de pulir el texto de la ley, realizando los retoques necesarios, sin desvirtuar el documento original. Por ejemplo, es importante seguir debatiendo acerca del derecho a la objeción de conciencia y su alcance. Nadie puede ser obligado a ejecutar una acción en contra de sus convicciones religiosas; pero, por otro lado, la experiencia de algunos países muestra que la objeción de conciencia a veces termina siendo un subterfugio para mantener el statu quo. En nuestro caso, el riesgo concreto es que muchas de las regiones más pobres y más conservadoras del país, justamente las regiones que más necesitan de la implementación de la nueva ley, terminen rechazando la práctica del aborto legal por “motivos de conciencia”. A propósito: no está de más recordar que algunas provincias han cumplido las leyes vigentes en materia de salud pública de modo harto insatisfactorio, no poniendo a disposición de la población, y en especial de los sectores más vulnerables, dos elementos claves, una sólida educación sexual y métodos anticonceptivos gratuitos.

Cuando finalmente termine de aprobarse el proyecto de ley y se legalice el aborto, ¿qué va a cambiar en la sociedad argentina? Por un lado, va a cambiar mucho. Tal como mostraron las investigadoras Silvia Mario y Edith A. Pantelides, en Argentina se realizan por año un número de abortos clandestinos que va de los 370.000 a los 520.000. Eso significa, por lo pronto, que cientos de miles de mujeres argentinas podrán realizar un aborto legal y seguro, sin que, como ahora es el caso, unas 60 mil mujeres terminan luego en el hospital por mala praxis. Es probable que el número total de abortos se eleve al comienzo, aunque no significativamente, ya que la seguridad y la gratuidad son factores que llevarán a que algunas mujeres opten por interrumpir el embarazo, opción que hoy por hoy les resulta impensable por los riesgos, los costos y el estigma que implica. (Quienes saldrán perdiendo son los miles de curanderos, paramédicos y facultativos que hasta ahora se beneficiaban de esta situación.) Finalmente, la tasa de mortalidad materna bajará a niveles tolerables. Uruguay, que legalizó el aborto en 2012, hoy puede enorgullecerse de ser, después de Canadá, el país con la cifra más baja de mortalidad materna en el continente.

Pero, por otro lado, la sociedad no va cambiar radicalmente, desembocando en alguno de los escenarios catastróficos profetizados por algunos sectores. (Hasta el papa Francisco evocó el fantasma del nazismo los días pasados.)

A pesar de que soy un firme defensor de la legalización, me gustaría que en las próximas décadas baje significativamente la cifra de abortos anuales, que entonces serán legales y gratuitos. Porque un gran número de los abortos surge de embarazos indeseados, muchos de ellos producto de la marginación en que vive una parte de la población. El presidente Mauricio Macri, al introducir el tema en el Congreso a inicios de este año, recordó que cada año en nuestro país hay 100.000 jóvenes menores de 19 años que quedan embarazadas y que siete de cada diez de ellas terminan en ese estado sin intención. Estas son cifras que reflejan el subdesarrollo argentino, y nos recuerdan el círculo vicioso de la pobreza. Aquí seguramente hay un par de cosas que podemos aprender de los irlandeses.

*Marcos G. Breuer es doctor en Filosofía; acaba de finalizar un libro sobre el debate bioético en torno a la eutanasia. www.marcosbreuer.wordpress.com